Tema: Congreso de la republica

  • Alberto Otárola remarca que no le tiene miedo a Dina Boluarte

    Alberto Otárola remarca que no le tiene miedo a Dina Boluarte

    El exjefe de gabinete Alberto Otárola reaparece con fuertes críticas hacia la presidenta y su gabinete, señalando que no teme a las represalias y continuará diciendo la verdad

    Alberto Otárola, quien fuera jefe del Consejo de Ministros, reapareció públicamente tras varios meses de silencio y no dudó en lanzar una serie de críticas contra la presidenta Dina Boluarte, su gabinete ministerial y el actual jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén.

    Otárola fue contundente al referirse a Adrianzén, quien ocupa el cargo de primer ministro. Lo calificó como un «fantasma», sin nin- guna influencia en el gobierno: “No existe, no gobierna, no dirige, solo está allí para cubrir el puesto”, aseveró.

    En cuanto a la mandataria, el exministro consideró que su gestión se ha convertido en un «gobierno tóxico», caracterizado por una estructura que no cuestiona las órdenes de la presidenta y que, según él, se dedica a llevar adelante una campaña en su contra.

    Además, acusó a Boluarte de nombrar ministros incapaces: “Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como ministro del Interior y a un fantasma como primer ministro”, dijo, refiriéndose a Morgan Quero, Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén.

    Otárola también denunció posibles actos de corrupción e interferencia en su contra, señalando que habría pruebas de reuniones entre la presidenta y miembros de la Policía Nacional del Perú para perjudicarlo. “Esto es sumamente grave”, aseguró.

    A pesar de las acusaciones, el exjefe del gabinete reiteró que no está buscando un proceso de vacancia contra Boluarte, pero le dejó una advertencia: “Terminará en la soledad del retiro, y quienes hoy la rodean, la negarán como Pedro negó a Jesucristo”.

  • Retiro AFP: son 5 los proyectos en el Congreso para retirar hasta S/ 21,400 de los fondos

    Retiro AFP: son 5 los proyectos en el Congreso para retirar hasta S/ 21,400 de los fondos

    Existen cinco propuestas de ley presentadas en el Congreso que proponen el retiro extraordinario y voluntario de los aportes a las administradoras de fondos de pensiones-AFP de todos los afiliados, sin ninguna excepción, de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 21,400 soles. Conoce cada uno de los proyectos:

    El Proyecto de Ley 10227/2024-CR, del legislador de Podemos Perú, Darwin Espinoza, plantea el retiro para mitigar los efectos del alza del costo de vida y promover la dinamización de la economía nacional. Es la tercera propuesta presentada con dichos fines.

    Según esta, el procedimiento para el retiro extraordinario y voluntario de los fondos de pensiones tiene los siguientes pasos: presentación de solicitud de forma virtual o presencial, por única vez y dentro de los 30 días posteriores a la vigencia del reglamento de ley.

    Además, los afiliados solicitantes recibirán un monto de hasta una UIT (5,350 soles) cada 30 días calendario, efectuándose el primer depósito a los 30 días en que presentó su solicitud ante la administración de fondos de pensiones a la que pertenece.

    En caso de que el afiliado desista de retirar los fondos podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días antes del siguiente desembolso.

    Según el proyecto, estos fondos no podrán ser objeto de descuentos, embargos ni retenciones de ningún tipo.

    Propuesta similar

    Otra propuesta similar, el PL 10153/2024- CR, fue presentada por el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, con el propósito de mitigar los efectos de la con- tracción económica, la inflación persistente y el incremento en el costo de vida que afectan a la población peruana.

    De prosperar la iniciativa, los afiliados presentarían su solicitud ante su AFP y recibirían los fondos en desembolsos mensuales de hasta una UIT (S/ 5,350) cada 30 días, hasta completar el retiro total de cuatro UIT.

    Retiro de hasta 95.5 % de los fondos

    Mientras que la congresista Digna Calle, de la bancada Podemos Perú, propuso el retiro de hasta el 95.5 % de los fondos de la AFP para los afiliados que tengan enfermedad terminal o un diagnóstico de cáncer, y del 100 % cuando el afiliado decide migrar al extranjero para establecer su residencia de manera definitiva.

    El Proyecto de Ley 10170/2024-CR precisa que en caso de enfermedad terminal o cáncer que reduzca su expectativa de vida, debidamente declarada por una institución prestadora de salud, se podrá solicitar una jubilación anticipada, siempre y cuando no pueda acceder a una pensión de invalidez.

    En ese caso, también podrá optar por retirar el 95.5 % del fondo acumulado en la AFP, incluyendo su rentabilidad, y dejar el saldo de 4.5 % para garantizar el acceso a las prestaciones y beneficios de la seguridad social en salud en EsSalud.

    Si el afiliado decide vivir en el exterior, el proyecto de ley autoriza la transferencia del 100 % de sus fondos a cuentas individuales de capitalización al exterior o cuentas de ahorro, en un plazo de cinco días, previa acreditación del domicilio del aportante en el extranjero.

    La iniciativa plantea, además, que los afiliados de la AFP podrán disponer de hasta el 50 % de sus fondos por razones de desempleo durante más de 60 días calendario, en caso de que sea menor de 55 años y acredite su cese del vínculo laboral.

    Podrá disponer también, por única vez, del 50 % para pagar estudios superiores en el ámbito nacional o en el extranjero, bajo la modalidad presencial o virtual o cuando requiera solventar los estudios de sus hijos, cónyuge o conviviente.

    Más proyectos

    El cuarto proyecto de ley fue presentado por el congresista Waldemar Cerrón, y propone autorizar el retiro de hasta 4 UIT del total de los fondos acumulados en la AFP.

    Plantea que la solicitud de retiro se presenta por única vez dentro de los 30 días calendarios después de publicada la norma. Los abonos se efectuarán hasta por un monto de 2 UIT, cada 45 días calendario, efectuándose el primer retiro a los 30 días de presentada la solicitud.

    El afiliado, además, podrá desistir de su solicitud de retiro 10 días antes del desembolso.

    Sostiene que las reiteradas autorizaciones en el Congreso para el retiro de la AFP, desde el 2020, muestran una «tendencia legislativa orientada a otorgar liquidez inmediata a los afiliados en tiempos de crisis, pero con un costo para el sistema previsional».

    Fundamenta su propuesta en que este nuevo retiro ratifica el derecho de los trabajadores a disponer de su patrimonio previsional cuando lo considere necesario, especialmente en un contexto de crisis económica o dificultades personales que requieran de acceso inmediato a liquidez.

    Del mismo modo, el congresista Roberto Kamiche, también presentó un proyecto de ley para el retiro de hasta 4 UIT del total de los fondos acumulados en la AFP, para dinamizar los emprendimientos que aporten al crecimiento económico del país.

    Considera que los retiros autorizados anteriormente por el Congreso demostraron que no hay un impacto negativo en la sostenibilidad del sistema previsional, y que las ahorros o ingresos que generen las familias beneficiarias será mucho mayor a la pensión que asignan las AFP.

  • Congreso: Comisión de Trabajo aprueba retiro del 100% de CTS hasta diciembre de 2026

    Congreso: Comisión de Trabajo aprueba retiro del 100% de CTS hasta diciembre de 2026

    Para casos de enfermedad terminal y enfrentar la crisis económica

    La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el predictámen que autoriza el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por razones de salud grave y para afrentar el impacto de la crisis económica del país.

    El predictámen, que reúne varios proyectos de ley, se aprobó con 14 a favor, cero en contra y 3 abstenciones.
    Para tal efecto, se modifica el artículo 42 de la Ley de la CTS, para autorizar que los trabajadores con enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer podrán retirar en cualquier momento el 100% de sus depósitos de CTS. Se autoriza también el retiro excepcional del 100% de la CTS para los trabajadores comprendidos en el DL 650, Ley de Compensación por Tiem- po de Servicios, hasta el 31 de diciembre de 2026, a fin de enfrentar los efectos de la crisis económica.

    Durante la fundamentación del predictamen, se precisó que las proyecciones de crecimiento económico 2025 y 2026 son de 2.5% cada año, por lo que es importe aprobar el retiro hasta el 2026, para contribuir con el consumo a la economía del país.

    “Alentará el consumo privado, garantizando que los pequeños negocios puedan seguir operando en el contexto de crisis económica”, precisa el dictamen.
    Asimismo, se indica que con la aprobación de esta propuesta, más de 19 mil pacientes de en cáncer accederán a nuevos ingresos en forma permanente les permita enfrentar los gastos de la terrible enfermedad.

  • Salhuana no cede: quiere que el Banco de la Nación compre oro sucio

    Salhuana no cede: quiere que el Banco de la Nación compre oro sucio

    El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, insiste en aprobar su proyecto de ley, aunque especialistas advierten que facilitará el blanqueo de 6 mil millones de dólares al año

    El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reafirmó que no retirará su proyecto de ley para que el Banco de la Nación compre oro a los mineros informales.

    Pese a las advertencias de la Sociedad Nacional de Minería y Petroleo (SNMPE), y expertos en el sector, el congresista de APP insiste en que la medida permitirá formalizar la actividad y que se adquiera reservas de oro —sobre todo que la onza del oro se ha disparado a casi US$ 3 mil—, aunque especialistas sostienen que abrirá la puerta al lavado de dinero.

    La iniciativa de Salhuana ha sido duramente cuestionada porque, según estimaciones, la minería ilegal mueve alrededor de 6 mil millones de dólares anuales sin trazabilidad. Con la participación del Banco de la Nación, los expertos advierten que estos fondos podrían integrarse al sistema financiero sin controles efectivos, lo que facilitaría la legitimación de activos de origen ilícito.

    Perú21 reveló el pasado 16 de febrero, que no solo Salhuana presentó un proyecto de ley con ese objetivo sino también lo han hecho los congresistas Jorge Montoya, de Honor y Democracia, y Jorge Flores Ancachi, de Podemos.

    Al ser consultado si va a ir a sustentar su proyecto de ley en la Comisión de Energía y Minas, señaló que seguriá el conducto regular, dejando entrever que esperará que sea colocado en la agenda.

    Negó también que vaya a retirar su iniciativa legislativa debido a las críticas de expertos y de la SNMPE.

    LAVARÁ US$ 6 MIL MILLONES

    Según especialistas, como el expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, el proyecto de ley eliminará la trazabilidad del oro, permitiendo que este se infiltre en la economía formal y acceda al sistema financiero bajo la apariencia de una fortuna legítima.

    El pasado 15 de febrero, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) presentó sus propuestas para la Ley MAPE ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Perú21 accedió en exclusiva al plan que, bajo un manto de sigilo, esconde su jugada maestra: facilitar el blanqueo de los US$6,000 millones que mueve anualmente el sector, a través de un mecanismo que ha encendido las alarmas en la minería formal.

    Otra de las propuestas plantea que el Banco de la Nación abra cuentas VIP para mineros informales, permitiéndoles comercializar su oro con otros actores del mercado a través del sistema financiero.

    El 23 de febrero, en diálogo con este diario, Eduardo Salhuana no solo defendió su proyecto de ley, sino que reafirmó su determinación de impulsarlo en la Comisión de Energía y Minas, pese a la creciente ola de críticas.

  • Congreso: blindan a 5 parlamentarios que cobran doble remuneración

    Congreso: blindan a 5 parlamentarios que cobran doble remuneración

    Primero blindaron a Salhuana y en el Pleno rechazaron debatir su censura. Y ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, desestimó la denuncia de la Fiscal de la Nación contra 11 legisladores que aprobaron un proyecto que permite a militares y policías en retiro recibir simultáneamente su pensión y un sueldo

    La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la parlamentaria acuñista (APP) María Acuña Peralta, declaro improcedente con 13 votos a favor y 2 abstenciones la denuncia constitucional (N° 549) presentada por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza contra 11 congresistas por supuesta doble remuneración para exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    La denuncia señalaba que los congresistas involucrados impulsaron y aprobaron un proyecto cuestionado por permitir a militares y policías en retiro, recibir simultáneamente su pensión y un sueldo si vuelven a trabajar en el Estado.

    Dicha norma beneficiará directamente a cinco congresistas: los militares en retiro Williams Zapata (Avanza País), Jorge Montoya Manrique y José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Roberto Chiabra León (APP) y el policía en retiro Alfredo Azurín.

    Además de los mencionados, los congresistas denunciados incluyen a Hamlet Echevarría Rodríguez y Américo Gonza Castillo (Perú Libre); Carmen Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular); Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Somos Perú); Pedro Martínez Talavera (no agrupado); y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial).

    Estos legisladores están investigados por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399° del Código Penal.

  • Amplían denuncia contra Dina Boluarte

    Amplían denuncia contra Dina Boluarte

    El documento incorpora nuevos elementos sobre la conducta de autoridades presuntamente implicadas en la muerte de 49 personas

    Un grupo de juristas y políticos presentó una ampliación de denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte.

    El documento incorpora nuevos elementos que involucran a autoridades por las muertes registradas durante los primeros días de su mandato, en los que fallecieron 49 personas.

    La defensa responde y explican el proceso internacional

    En respuesta, el ministro de Salud defendió a la presidenta, mientras que el exprocurador anticorrupción Álex Guerrero explicó que estos casos en instancias internacionales pueden demorar hasta dos años en obtener algún pronunciamiento.

    El proceso continúa ante la Corte Penal Internacional

    Ahora la denuncia queda en manos de la CPI, que evaluará los hechos y determinará si existen indicios para iniciar un procedimiento formal contra autoridades peruanas.

  • Informe confirma que Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo ingresaron a trabajar al Congreso con documentos falsos

    Informe confirma que Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo ingresaron a trabajar al Congreso con documentos falsos

    Ambos formarían parte de una presunta red de prostitución enquistada dentro del Parlamento

    Sinvergüenzas. Un informe realizado por la Contraloría General de la República detalló que tanto Jorge Torres Saravia como Isabel Cajo presentaron documentación falsa para ingresar a trabajar al Congreso de la República.

    Entre los documentos revisados de Jorge Torres Saravia, según el diario La República, se encontró un certificado de trabajo presuntamente emitido por la compañía minera Catequil, fechado el 3 de noviembre de 2010 y firmado por su entonces gerente general, Francisco Roldán Arteaga, mencionándose que prestó “sus servicios como asesor legal externo en temas civiles y laboral, encargado de la conciliación dentro y fuera de nuestra empresa minera Catequil, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 1 de febrero de 2007″.

    Sin embargo, Roldán envió una carta al auditor de la Contraloría, Fernando Rosales Cirilo, en la que desmintió la autenticidad de la firma y declaró, que por lo menos, mientras él fue representante legal de la empresa, Torres Saravia no tuvo ningún vínculo laboral.

    En el caso de Isabel Cajo, se registró una situación similar. Su contratación generó controversia cuando se hizo público que percibía un sueldo superior a los 7 mil soles pese a no contar con el grado de bachiller, mientras trabajaba en el despacho del congresista Edwin Martínez. Ahora, se ha revelado que los certificados de trabajo y de prácticas que presentó son fraudulentos, lo que agrava las irregularidades en su nombramiento.

    Las irregularidades en los documentos presentados por Isabel Cajo se centran en las constancias laborales que supuestamente acreditaban su experiencia profesional. Ambos certificados fueron emitidos a nombre de la empresa E & H Constructora Inmobiliaria y detallaban que Cajo había trabajado como asistente de agente de aduanas en la importación de materiales para acabados de obra, desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de octubre de 2023.

    Sin embargo, el gerente general de la compañía, Santiago Elescano, desmintió la autenticidad de estos documentos. A través de una carta dirigida a la Contraloría General de la República, Elescano aseguró que la empresa nunca emitió ninguna referencia de trabajo a favor de Cajo, lo que evidenció la falsificación de su experiencia laboral. Tras la verificación de estas irregularidades, Fernando Rosales recomendó a Eduardo Salhuana que disponga la intervención de la Procuraduría del Parlamento para que se inicien las acciones legales correspondientes.

  • “En el Congreso existen 4500 trabajadores fantasmas”, denuncia Carlos Anderson

    “En el Congreso existen 4500 trabajadores fantasmas”, denuncia Carlos Anderson

    Sus declaraciones se dan luego de que el Congreso dispusiera una medida para garantizar la asistencia en el trabajo de sus empleados. Sin embargo, el legislador afirmó que: «Hay mucha gente cobrando sin trabajar», y también denunció que existen 100 trabajadores en el área de comunicaciones del Parlamento

    El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez denunció que el Congreso mantiene en su planilla a 4500 «trabajadores fantasmas» que no cumplen con ninguna función específica y oficial.

    El legislador aseguró en entrevista para Canal N, que, si todos los trabajadores del Congreso se juntaran en la Plaza Bolívar para que se les pase lista, saldría a la luz el gran número de empleados que en realidad no existen.

    «Si convocamos a todos los empleados en la Plaza Bolívar y pasamos lista, veremos que no existen. Hay mucho fantasma aquí», aseveró.

    100 trabajadores en el área de comunicaciones

    Asimismo, Anderson Ramírez manifestó que la Oficina de Comunicaciones del Parlamento tiene al menos 100 empleados, pero que el resultado de sus trabajos no son equivalentes al número de los trabajadores. Además, sostiene que este problema es consecuencia de la falta de Fiscalización y asegura que el Congreso es el Poder del Estado con menor supervisión; y que por dicha situación se habría contratado a empleados sin funciones claras.

    “El Congreso debería tener una presencia mediática potente, pero no es así. Nunca encontramos físicamente a estas personas. (…) «Si este equipo fuera real, el Congreso tendría una presencia fuerte en redes y medios, pero no es así», aseveró el legislador.

    Congreso empezó a controlar asistencia de trabajadores

    Las declaraciones de Carlos Anderson Ramírez se dan luego de que el Congreso dispusiera una nueva medida para garantizar la eficiencia en el trabajo de sus empleados. Por lo que, a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Administración recomendó a los trabajadores que deben permanecer en sus lugares de trabajo durante toda su jornada laboral, con excepción de las autorizaciones previamente otorgadas.

    Según el artículo 59° del Reglamento Interno de Trabajo, dejar el puesto de trabajo sin permiso se considera una falta disciplinaria, lo que refuerza el control sobre la asistencia y puntualidad del personal.

    Solicita auditoría externa

    “Aquí no se trata de salir a cazar brujas, sino de aplicar sentido común y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos», refirió el parlamentario Carlos Anderson, e indicó que la Contraloría General de la República no estaría haciendo un correcto trabajo y, por ello, remarcó que se necesita de una urgente auditoría externa.

  • Menores de 17 años podrían votar en las próximas elecciones si se aprueba proyecto de ley del Congreso

    Menores de 17 años podrían votar en las próximas elecciones si se aprueba proyecto de ley del Congreso

    De acuerdo con la propuesta de Jorge Flores Ancachi, se necesitaría modificar el artículo 30 de la Constitución Política del Perú para aplicar esta medida

    El congresista Jorge Flores Ancachi, de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para que la mayoría de edad en el Perú comience a los 17 años, es decir, que este grupo de adolescentes podría votar en las próximas elecciones generales del 2026.

    Para ello, el parlamentario busca modificar el artículo 30 de la Constitución Política, para que quede en los siguientes términos: “Son ciudadanos los peruanos mayores de 17 años. Para el ejercicio de ciudadanía se requiere la inscripción electoral”.

    En la propuesta también se encarga al gobierno de Dina Boluarte adoptar las “medidas necesarias para la modificación de la normativa en los diversos cuerpos legales del país, a fin de garantizar la aplicación de la presente modificación”.

    Justificación de la propuesta

    De acuerdo con Flores Ancachi, presentó esta iniciativa, ya que “es momento en que los menores dejen de ser considerados como tales” para que “asuman el control legal sobre sus personas, acciones y decisiones”. De esta manera, sostiene, terminará “el control y las responsabilidades legales de sus padres o tutores sobre ellos”.

    A los menores, manifiesta, “se les pueden negar legalmente ciertos privilegios como votar, comprar y beber bebidas alcohólicas, comprar tabaco o productos de cannabis, apostar, casarse, comprar o poseer armas de fuego, ser propietario de una propiedad, celebrar contratos vinculantes u obtener privilegios de conducción completos”.

    “No hay un único consenso acerca de los límites de la adolescencia; si bien es cierto que la mayoría de las fuentes institucionales y profesionales coinciden en que su inicio se halla entre los 10 y los 11 años, existen importantes diferencias respecto a su finalización, sus etapas y el rango de edades que definen cada una de ellas”, añade el congresista.

    Esta no es la única propuesta

    El segundo vicepresidente del Parlamento y miembro de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, también presentó un proyecto de ley para disminuir la mayoría de edad. En este caso, pretende reducirla a 16 años.

    La propuesta, al igual que la anterior, necesita que se modifique el artículo 30 de la Carta Magna, que actualmente establece la mayoría de edad a los 18 años. Según el texto. Además, se plantea una modificación al artículo 42 del Código Civil, otorgando plena capacidad de ejercicio a las personas a partir de los 16 años, incluyendo a aquellas con discapacidad.

    El proyecto busca, además, enmendar el artículo 9 de la Ley 26859, conocida como Ley Orgánica de Elecciones, para que los jóvenes de 16 años tengan la obligación de sufragar. De aprobarse esta reforma, los adolescentes podrían participar activamente en las elecciones generales programadas para 2026.

    En el documento, Cerrón argumenta que los jóvenes de 16 y 17 años poseen las capacidades cognitivas necesarias para comprender las dinámicas políticas y las implicancias de su voto.

    Según el legislador, investigaciones respaldan esta afirmación, señalando que a esa edad los adolescentes ya han desarrollado habilidades suficientes para tomar decisiones informadas en el ámbito político.

    Además, subraya que el marco legal peruano ya permite que los jóvenes de 16 años ingresen al mercado laboral, lo que les otorga responsabilidades y derechos reconocidos en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337). En este sentido, considera que extenderles el derecho al voto sería un paso lógico para garantizar su participación activa en la construcción del futuro del país.

  • Congreso destinó S/141,000 para avanzar construcción de su sede de playa

    Congreso destinó S/141,000 para avanzar construcción de su sede de playa

    El Parlamento emitió un comunicado negando la presunta construcción de una sede en la playa y explicó lo que ocurre con el predio en el distrito de Santa María

    Los primeros días del mes de octubre de 2023 estalló un escándalo de ribetes nacionales: el Congreso de la República gastaría 17 millones de soles en construir un centro de capacitaciones en el exclusivo balneario de Santa María del Mar, a más de 60 kilómetros del centro de la capital.

    Ante la indignación ciudadana, las autoridades del Parlamento se encargaron de desmentir la fastuosa construcción indicando que no había expediente técnico ni presupuesto, por lo que la obra, aunque posible, no tenía fecha a la vista.

    ¿Es cierto que el Congreso no tiene en mente tal millonaria inversión? Pues no, no es cierto.

    El 30 de enero de 2025, hace menos de diez días, el Departamento de Logística del Congreso de la República emitió la orden de servicio N.° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco por un monto de más de 141,000 soles para que realice un “servicio de consultoría para la elaboración del proyecto de evaluación arqueológica (PEA) para la elaboración del expediente técnico del proyecto ‘Construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios’, distrito de Santa María del Mar”.

    Exactamente, el Congreso destinará S/141,354.21 para continuar con el proyecto y tener su centro de capacitación playero.

    En la orden de servicio a la que accedió Perú21, se observa que el plazo de ejecución será de 125 días calendario, y que los pagos a Salazar serán de acuerdo a la presentación de los entregables descritos en los términos de referencia, aunque se le transfiere de adelanto el 30% del monto del contrato.

    Firman el documento la coordinadora del Grupo Funcional de Compras del Congreso, Nélida Gálvez Saldaña; la jefa del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones, Jenniffer Elizabeth Chambio Hermosa; y el jefe del Departamento de Abastecimiento, Carlos Alberto Pingus Gomes.

    Quien por entonces fue la directora general de Administración del Congreso, la excongresista Marisol Espinoza, mencionó en RPP que “no hay ni siquiera expediente técnico para este proyecto, no hay perfil, presupuesto, ni un sol invertido”.

    Dijo, también, que el proyecto pasó por las gestiones parlamentarias de los años 2011-2016 y 2016-2021 y que “nadie se va a atrever a construir”  la  infraestructura por el rechazo que genera. Parece que la gestión de Eduardo Salhuana piensa distinto.

    Según reveló Cuarto Poder en diciembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le entregó en cesión el terreno de 35 mil metros cuadrados al Congreso con el compromiso de que realice el proyecto y diseño de su centro de capacitación, con un aforo para 4,000 personas, en un plazo máximo de dos años. De lo contrario, retornaría a posesión de la SBN.

    GASTO INDOLENTE

    ¿Qué tan necesario es un gasto millonario de este tipo? El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Güembes sostuvo que “los que deben preocuparse de la capacitación en materia política, constitucional y parlamentaria son los partidos políticos”.

    “El nivel de las capacitaciones que realiza el Congreso es mediocre o de dudoso nivel académico. Invertir en un local en un balneario ‘apitucado’ es una alternativa banal. Mejor sería que todo el Congreso se desplazara a otro local al interior del país, como Cerro de Pasco, Ñahuimpuquio, Huancavelica, Puno oMadre de Dios, para que desarrolle su tarea en mayor proximidad con las zonas más deprimidas del país”, declaró a Perú21.

    Por su parte, el abogado constitucionalista y especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi sostuvo que “no es necesario un centro de capacitación tan lejos de la ciudad”.

    “Cualquier universidad privada puede dar una capacitación presencial o virtual a cualquier trabajador del Congreso. Creo en la capacitación semestral y obligatoria, pero no creo en la dilapidación de recursos públicos. Lo que usted me dice no es un centro de capacitación; es una casa de playa de diversiones”, anotó.

    Los responsables, continuó, son la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Salhuana, y el contralor general, quienes podrían ser acusados de infracción constitucional por el próximo Parlamento.