Blog

Sofisticado esquema de bonos fijos, asignaciones por refrigerio de S/ 2,100 mensuales y beneficios camuflados elevan los sueldos reales del personal de confianza hasta en un 160%.

El presupuesto destinado exclusivamente al pago de la planilla del Congreso de la República sufrió un incremento exponencial durante los últimos cinco años. El gasto anual en personal activo pasó de 402 millones de soles en el año 2021 a un pico histórico de 906 millones de soles para el periodo 2025, lo que significa que el costo fiscal de la burocracia parlamentaria se ha duplicado en este periodo.

La millonaria cifra fue puesta al descubierto mediante una investigación periodística del programa dominical Punto Final de Latina Noticias. El reporte detalla la existencia de un complejo entramado de convenios colectivos y acuerdos de la Mesa Directiva que inyectan bonificaciones directas e indirectas a los salarios, elevando los ingresos reales de los trabajadores muy por encima del promedio del sector público.

Sueldos inflados en los despachos

Cada uno de los parlamentarios cuenta con la facultad de contratar un equipo de confianza compuesto por siete personas. Si bien los sueldos base nominales se encuentran regulados, la inclusión de diversos conceptos complementarios altera sustancialmente la escala remunerativa real que percibe el personal en sus cuentas bancarias de forma mensual:

• Asesor 1: Sueldo neto base de S/ 10,924 que se eleva a S/ 15,824 reales.
• Asesor 2: Sueldo neto base de S/ 8,957 que se eleva a S/ 13,857 reales.
• Técnicos (dos plazas): Sueldo neto base de S/ 6,092 que se eleva a S/ 11,292 reales.
• Asistente, Auxiliar y Coordinador (tres plazas): Sueldo neto base de S/ 2,988 que se eleva a S/ 7,888 reales.

El mecanismo de las gollerías

El informe detalla que el incremento del gasto no responde únicamente a la contratación de más personal, sino a una estrategia de asignación de incentivos económicos extraordinarios convertidos en beneficios permanentes. Entre las principales irregularidades y privilegios detectados se encuentran:

• Prorrateo de bonos ocultos: El Parlamento fraccionó un bono equivalente a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —unos S/ 33,000 en total— otorgado originalmente por cierre de legislatura. Este monto fue dividido en 12 meses, inyectando S/ 2,800 mensuales fijos al sueldo de cada trabajador de manera camuflada.
• Alimentación subsidiada: Se entrega una asignación diaria de S/ 100 por concepto de refrigerio. Esto equivale a un ingreso extra de S/ 2,100 mensuales por empleado bajo el rubro de gastos operativos.
• Bonificaciones sin sustento: El personal percibe un sueldo íntegro adicional en febrero por concepto de escolaridad, indistintamente de si tienen hijos o no. Asimismo, reciben S/ 2,200 en marzo para vestimenta sin obligación de presentar boletas de compras, además de dos bonos anuales por ampliación de legislatura en mayo y diciembre de S/ 11,500 cada uno.

El presidente del Congreso firmó la ley por insistencia tras vencer el plazo legal del Poder Ejecutivo.

El presidente del Congreso de la República promulgó la ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. La normativa redefine los alcances del «delito de función». Establece de forma taxativa que cualquier presunto ilícito cometido por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en ejercicio de sus cargos será competencia exclusiva de los tribunales castrenses.

Con esta publicación, se retira la facultad de la justicia ordinaria para procesar penalmente a los efectivos en situaciones de control del orden interno, seguridad nacional o estados de emergencia.

La reforma introduce un blindaje procesal mediante el principio de non bis in idem. Este mecanismo prohíbe taxativamente que un uniformado sea investigado en paralelo por la fiscalía penal común si el fuero militar ya abrió una causa por los mismos hechos. Asimismo, la ley dispone que la Corte Suprema deberá priorizar siempre la competencia de la justicia militar en cualquier conflicto de jurisdicción.

Como contraparte, el texto legal endurece las penas máximas dentro de su propia jurisdicción. La norma incorpora la pena de cadena perpetua para aquellos agentes que, aprovechando su cargo o el armamento del Estado, colaboren con organizaciones criminales o participen en delitos graves contra la vida y la integridad física.

La autógrafa fue promulgada directamente por la Mesa Directiva del Parlamento. La decisión se tomó luego de que la Presidencia de la República dejara vencer el plazo constitucional de 15 días hábiles sin presentar observaciones ni proceder a su firma.