El mandatario oficializa el modelo de partido único y anuncia reformas legales para impedir de forma definitiva que la oposición dispute el poder.
En lo que representa la clausura formal de la alternancia democrática en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega anunció de manera contundente el fin de la vía electoral para la oposición. Durante el acto central por el 47.º aniversario de la revolución sandinista, el mandatario de 80 años advirtió que no se permitirá ningún mecanismo que ponga en riesgo la continuidad de su régimen.
«¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», sentenció Ortega ante las bases del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La declaración formaliza una dictadura dinástica de partido único que se ha venido consolidando a través de sucesivas reformas al aparato estatal.
Un «muro» legal contra la oposición
Para blindar el control absoluto del FSLN, Ortega adelantó que coordinará con la Asamblea Nacional —bajo control total del oficialismo— la creación de un nuevo paquete de leyes de seguridad soberana. El objetivo explícito de este marco jurídico es levantar «un muro» o «un bloque» definitivo que prohíba la participación de sectores críticos, a quienes el discurso oficial tilda habitualmente de «golpistas» y «vendepatrias».
Esta movida sepulta el calendario electoral tradicional. Tras la profunda reforma constitucional puesta en vigor a inicios de este año, el mandato presidencial se había extendido de cinco a seis años, lo que postergaba los comicios generales hasta noviembre de 2027. Con las nuevas declaraciones, cualquier posibilidad de competencia real queda totalmente descartada.
Consolidación del poder absoluto
El anuncio de Ortega representa el último eslabón de una reestructuración radical del Estado nicaragüense consolidada en los últimos meses, la cual incluye:
- El fin de la separación de poderes: Los poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Electoral) fueron degradados a «órganos» supeditados a la jefatura del Ejecutivo.
- La Copresidencia de Murillo: Se formalizó el estatus de la primera dama, Rosario Murillo, como «copresidenta» del país, asegurando la sucesión dinástica.
- Control cívico total: La ilegalización de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil y el cierre de medios de comunicación independientes.
Reacciones: «Se quitó la máscara»
Las respuestas de la oposición en el exilio y la comunidad internacional no se hicieron esperar. Líderes políticos exiliados coincidieron en que el discurso solo pone en palabras una realidad que Nicaragua vive desde hace años.
«Ortega se ha quitado una máscara más», afirmó el exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro desde el destierro. «Ha dejado claro que el voto ciudadano está completamente confiscado en el país». Por su parte, organismos de derechos humanos y dependencias de la ONU advierten que este paso profundiza el aislamiento internacional de Managua y formaliza un estado de total indefensión jurídica para sus ciudadanos.
