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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el domingo 29 de noviembre como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026).

La decisión forma parte de un acuerdo adoptado por el Pleno del JNE el 30 de septiembre. Según el documento, esta nueva votación se realizará solo en las regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador obtenga al menos el 30% de los votos válidos en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de este domingo 4 de octubre, como exige la Ley de Elecciones Regionales.

El JNE solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

El organismo electoral señaló que el cronograma electoral no tenía una fecha para este hito, por lo que era necesario fijarla para organizar a tiempo las proclamaciones y la entrega de credenciales, ya que las autoridades electas asumirán sus cargos el 1 de enero de 2027.

Plazos para actas y recuento de votos

Para cumplir ese calendario, el JNE ha pedido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) todas las actas observadas de las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre. También le pidió informar con rapidez sobre las actas extraviadas o siniestradas.

Además, estableció el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales.

El Pleno habilitó sábados, domingos y feriados para las actuaciones del JNE y de los JEE vinculadas a la resolución de actas observadas, el recuento de votos y la proclamación de resultados.

Desde la firma del acuerdo, los plazos se contarán en días calendario.

La aprobación del dictamen que reduce drásticamente las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo responde a las fricciones y dudas generadas por el propio Gobierno.

La diputada Roxana Rocha, vocera de la bancada de Renovación Popular y miembro de la Comisión de Constitución, aseguró que el recorte del texto a solo dos materias, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, se debe a una sensación de desconfianza en el Parlamento.

“Existe una sensación de desconfianza (…) porque declaraciones desafortunadas que han tenido más de un protagonista político del partido de gobierno, inclusive la misma presidenta de la República, cuando habla de que se le está agotando o que están poniendo a prueba mi paciencia, ese es un mensaje que, definitivamente, tiene un atisbo de autoritarismo”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En la misma línea, Fernando García Huby, vicepresidente de la directiva de la Comisión de Constitución y legislador del Partido del Buen Gobierno (PBG), justificó el consenso para acortar el texto como una medida necesaria para superar el entrampamiento y priorizar estrictamente las herramientas urgentes.

“Consideramos que el pedido de facultades era demasiado extenso y bastante impreciso. Muchas generalidades”, explicó.

La estrategia de Fuerza Popular

Frente a este escenario, Arturo Alegría, vocero de la bancada de diputados de Fuerza Popular, cuestionó que el dictamen final haya omitido reformas operativas clave.

“Hay temas sumamente importantes que han sido excluidos como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan participar junto a la Policía Nacional para la intervención de los penales, para hacer cooperación en actividades de inteligencia y esto ha quedado fuera en su totalidad”, criticó.

Ante ello, mencionó que su agrupación defenderá la reincorporación de estos artículos durante el próximo debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El informe de Latinobarómetro 2026 ubica al Perú como el país con mayor rechazo al Congreso en América Latina, donde además el 89% de la ciudadanía cuestiona la gestión del gasto público por parte del Estado.

Perú lidera el descontento ciudadano hacia el Poder Legislativo en toda la región. Actualmente, el 90% de los peruanos asegura que el Congreso de la República no los representa políticamente, según el Informe 2026 de Latinobarómetro. El reporte ubica al país a la cabeza del rechazo hacia la labor parlamentaria en América Latina.

Esa posición coloca al país por encima de Ecuador, con un 88%; Guatemala, con un 83%; Colombia, con un 82%; Panamá, con un 81%; Chile y Paraguay, ambos con un 80%; y Honduras, con un 79%.

En el otro extremo, países como El Salvador, con un 49%, y Uruguay, con un 53%, presentan niveles de falta de representación significativamente más bajos.

Ineficiencia del Estado y deterioro de los servicios públicos

Detrás de este rechazo se encuentra una percepción de ineficiencia y falta de transparencia en el uso del dinero público. En promedio, el 78% de los latinoamericanos desconfía de la buena gestión estatal de sus impuestos, una cifra que supera el 80% en ocho países y que alcanza sus valores más altos en Perú, con un 89%, y Panamá, con un 86%.

Esta insatisfacción se ve agravada por la baja valoración del desempeño estatal. Sobre este punto, Perú y Venezuela se ubican como los países con la más baja percepción de eficiencia estatal en Latinoamérica, ambos con una calificación de apenas 3,6 sobre 10, de acuerdo con el estudio de Latinobarómetro.

Para el investigador y analista político de la PUCP, Iván Lanegra, este escenario refleja “un problema de fondo que afecta tanto a la democracia como a cualquier gobierno”.

Asimismo, el 73% de la población considera que el Estado hace poco o nada por ella y sus familias, diez puntos más que en 2011.

Esta insatisfacción coincide con una caída constante en la valoración de los servicios básicos entre 2009 y 2026: la aprobación de la educación pública pasó del 54% al 40%, la de los hospitales públicos del 46% al 28%, la del sistema judicial del 33% al 22% y la de la Policía del 35% al 30%.

Pragmatismo electoral y demanda de “mano dura”

El descontento con el gobierno actual hace que la gente cambie constantemente de líderes y elija a candidatos o figuras independientes u outsiders.

Asimismo, un 63% apoya aplicar medidas de “mano dura”, una demanda motivada por el alto nivel atribuido al crimen organizado en la región, de un 79%, y por la percepción de inseguridad frente a la delincuencia.