La intervención multisectorial se realizó en la provincia de Satipo tras la alerta de la comunidad.
En un firme golpe contra la explotación infantil y los delitos de género, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, lograron rescatar con vida a una menor de 13 años de edad. La adolescente estaba a punto de ser entregada en calidad de cónyuge a un hombre de 50 años, bajo un supuesto acuerdo económico y tradicional pactado ilegalmente con los familiares directos de la víctima.
Intervención en flagrancia y capturas
El operativo de rescate tuvo lugar en una vivienda rural del distrito de Pampa Hermosa, en Satipo. Al ingresar al inmueble, las fuerzas del orden hallaron a la menor retenida y procedieron con la captura inmediata del ciudadano implicado, identificado como Fermín Castro Ramos (50).
Asimismo, los padres de la adolescente fueron puestos bajo custodia policial por su presunta participación activa en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Fiscalía, los progenitores habrían recibido una suma de dinero en efectivo y bienes materiales a cambio de ceder la custodia y los derechos de su hija al adulto, valiéndose de falsas costumbres de la zona.
Protección integral y marco legal estricto
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) activó de inmediato el protocolo del Programa Nacional Aurora. Un equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos y trabajadoras sociales, se trasladó al lugar para brindar soporte legal y contención emocional a la menor, quien ya fue ingresada a un Centro de Acogida Residencial (CAR) con medidas de protección temporal.
Representantes del Ministerio Público recordaron a la opinión pública que en el Perú el matrimonio infantil se encuentra completamente prohibido y penado por la legislación penal, sin importar excepciones culturales ni el consentimiento formal de los padres. El detenido Castro Ramos afrontará el proceso judicial desde prisión, arriesgando una condena mínima de 25 años de cárcel por el delito de trata de personas en su modalidad agravada.
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