El Gobierno peruano proyecta construir dos megapenales en Huacho, región Lima, con capacidad conjunta para albergar a 24 mil internos, como parte de una estrategia destinada a enfrentar la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, quien detalló las características de ambos proyectos.
La propuesta contempla la construcción de un primer establecimiento penitenciario con capacidad para 14 mil reclusos primarios, es decir, personas que no registran condenas anteriores y que podrían acceder a programas de rehabilitación y resocialización. El segundo recinto tendrá capacidad para 10 mil internos y estará destinado a líderes y operadores de organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad.
Según el titular de Justicia, el segundo establecimiento podría convertirse en el penal más grande del país. Para su ejecución, el Ejecutivo ya habría identificado un terreno en Huacho, donde se desarrollaría la infraestructura bajo un modelo de construcción modular.
CONSTRUCCIÓN EN TIEMPO REDUCIDO
El Gobierno pretende ejecutar ambos proyectos en aproximadamente un año mediante el ensamblaje de estructuras y componentes prefabricados directamente en los terrenos destinados a las obras.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos será acelerar los procedimientos administrativos. Actualmente, los trámites convencionales para construir establecimientos penitenciarios pueden extenderse hasta cinco años, mientras que mediante mecanismos abreviados el plazo podría reducirse a tres. El Ejecutivo busca implementar procedimientos expeditivos que permitan completar esta etapa en aproximadamente seis meses.
ESTRATEGIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La iniciativa forma parte de un plan integral que busca separar a los internos según su peligrosidad y posibilidades de rehabilitación. También contempla fortalecer los mecanismos de control penitenciario para impedir que las organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles.
El anuncio se produce en medio de la crisis de hacinamiento que enfrenta el sistema penitenciario peruano y las crecientes demandas de seguridad ciudadana.
No obstante, la ejecución de los proyectos deberá garantizar presupuesto, disponibilidad de terrenos, estudios técnicos y condiciones adecuadas de seguridad, salud y derechos humanos.
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