La masificación del gas natural en el centro y sur del Perú vuelve a generar controversia por dos modificaciones contractuales que podrían ampliar las concesiones de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) durante diez años adicionales. Aunque el objetivo es acelerar inversiones y atender una demanda histórica de las regiones, las condiciones planteadas despiertan cuestionamientos sobre competencia, tarifas y beneficios para los operadores.
Cálidda busca incorporar siete regiones a su concesión: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, además de extender el contrato hasta 2043. Por su parte, TGP propone construir un nuevo Ramal Sur, con una inversión estimada cercana a los 2.000 millones de dólares, y ampliar su concesión hasta enero de 2044.
La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), presidida por Roque Benavides, ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas y a ProInversión acelerar la suscripción de las adendas para destrabar los proyectos. Sin embargo, la participación del gremio empresarial también genera debate por los intereses de sus asociados y su intervención en decisiones de política pública.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la posibilidad de incorporar nuevos territorios e infraestructura mediante contratos existentes, sin una nueva competencia que permita evaluar propuestas alternativas. La necesidad de llevar gas a las regiones no debería impedir que el Estado demuestre que las condiciones negociadas son las más convenientes para el país.
En el caso de TGP, Osinergmin identificó incumplimientos de obligaciones contractuales durante la crisis registrada en marzo de 2026, luego de una deflagración que afectó el suministro. Respecto a Cálidda, el regulador formuló observaciones económicas y tarifarias sobre la propuesta de expansión, incluyendo aspectos relacionados con activos y metas de conexión.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha señalado que la ampliación de Cálidda se concretará, aunque las evaluaciones institucionales todavía estaban en trámite. Esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de los análisis técnicos y económicos.
El Gobierno debe transparentar los informes, las negociaciones, los mecanismos de financiamiento y los riesgos que podrían trasladarse a los consumidores. Las regiones necesitan gas natural, pero esa deuda histórica no puede convertirse en una justificación para otorgar ventajas contractuales sin demostrar que benefician al interés público.
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