Advierten que la norma aprobada por el Parlamento genera obligaciones permanentes sin definir ninguna fuente de financiamiento.
El Colegio de Economistas de Lima (CEL) presentó de manera oficial una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32581, norma que eleva las pensiones de los maestros cesantes y jubilados de todo el país hasta equipararlas con el equivalente a la primera escala de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), fijada actualmente en cerca de S/3,501 mensuales.
El gremio fundamenta su recurso legal advirtiendo que el texto legal aprobado originalmente por insistencia en el Congreso genera una obligación fiscal permanente sin identificar una fuente de financiamiento, lo cual viola de forma directa los preceptos constitucionales que prohíben al Parlamento crear iniciativas legislativas que impliquen gasto público directo o rompan el equilibrio presupuestal del Estado.
Bomba fiscal en las cuentas públicas
El impacto fiscal proyectado por los especialistas económicos es alarmante. Según los análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal e incluidos en los argumentos del gremio, la sola puesta en marcha de la norma demandaría un desembolso inmediato de alrededor de S/8,018 millones anuales.
No obstante, el Colegio de Economistas alertó que este costo incremental escalará rápidamente hasta alcanzar los S/13,400 millones anuales. El incremento se debe a que la Ley 32581 funciona bajo una suerte de «cédula viva»; es decir, cada vez que el Gobierno Central decrete un incremento en las remuneraciones de los docentes en actividad, las pensiones de los jubilados y cesantes se elevarán de forma automática, gatillando un forado presupuestal incontrolable a mediano plazo.
Riesgo por efecto espejo
El gremio profesional también llamó la atención sobre un peligro colateral: si otros regímenes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) solicitan por el principio de igualdad un tratamiento similar al otorgado al magisterio, el gasto público total podría dispararse de manera desastrosa hasta rebasar los S/18,837 millones anuales.
Con este panorama en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional, se inicia un debate de alto nivel técnico y jurídico. Si bien el fin social de la ley buscaba reparar económicamente las irrisorias pensiones que reciben miles de docentes tras décadas de servicio, los economistas sostienen que su deficiente diseño distributivo pone en severo riesgo la estabilidad macroeconómica del país y la sostenibilidad de las futuras cuentas fiscales.
