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En el #DiarioDeCurwen de hoy revisaremos las siguientes noticias:
➤ Las primeras entrevistas de José Jerí
➤ Dina exige pensión vitalicia
➤ Dina y Santivañez ascendieron policías investigados
➤Congreso elimina enfoque de género
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El pedido fue remitido al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016. La destituida expresidenta Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales, entre ellas por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
La expresidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado, según reveló una reciente investigación periodística.
De acuerdo con el programa Cuarto Poder, el pedido fue remitido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, que regula los apoyos logísticos y de personal para los exmandatarios.
La solicitud incluye una pensión que podría oscilar entre S/26 000 y S/35 000 mensuales. Según el dominical, el monto exacto dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y de la validación congresal del incremento salarial que ella misma aprobó durante su gestión, mediante el cual su remuneración pasó de S/15 600 a S/35 568.
Además, Boluarte quien afronta una investigación fiscal por las decenas de muertes registradas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023 plantea la asignación de beneficios adicionales, como un vehículo oficial de uso permanente, la contratación de un trabajador bajo la modalidad CAS con un sueldo de S/3 700 de libre elección, y un suministro mensual de 150 galones de combustible. También solicita mantener el seguro de salud privado.
El especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, Martín Cabrera Marchán, explicó que solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender estos pagos, hasta que exista una sentencia judicial no condenatoria.
En octubre pasado, el Congreso destituyó a Boluarte tras declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente ola del crimen organizado que azota el país. La exjefa del Estado también es investigada por el Ministerio Público por presunto uso indebido del vehículo presidencial conocido como el Cofre para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Otra pesquisa se centra en su supuesta intervención para desactivar al grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Asimismo, es objeto de una indagación por presuntos delitos de omisión de actos funcionales o, alternativamente, abandono de cargo, debido al caso relacionado con procedimientos quirúrgicos (caso cirugía).
El mandatario señaló que se debe dar una última oportunidad debido a las familias que dependen de este negocio. Sin embargo, manifestó estar en contra de que la extensión sea por dos años como se plantea en el Congreso.
El presidente José Jerí manifestó este domingo que le parece “razonable” que la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debería ser de un año y no por dos, como lo plantea la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “Me parece un (año). Me suena razonable, lo cual tiene que ser validado con el premier, que yo lo escucho mucho y además él ya ha emitido su opinión, como también del órgano técnico que es el Ministerio de Energía y Minas. Dos años no, un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta situación complicada al próximo gobierno”, afirmó en el programa El Valor de la Verdad.
Jerí reconoció no estar a favor de más ampliaciones del Reinfo, pero consideró que hay muchas familias que dependen de esta actividad en el país. “Pese a que no estoy a favor de la medida, hay una realidad que no se puede ocultar: hay familias que dependen de esa actividad… tendría que verse la última extensión, pero esta vez de verdad, pero no dos años. Si el Estado, a través del Gobierno anterior, ya avanzó, digamos excluyendo por diferentes variables, no podríamos automáticamente volver hacia atrás”, añadió.
Para el presidente, el Reinfo no ha cumplido su finalidad y es permisivo con la minería ilegal. “Creo que hay un exceso de tiempo. No considero que deba verse dos años”, puntualizó.
Medida de ampliación
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó nuevamente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión se adoptó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Durante la sesión, también se aprobó la suspensión del procedimiento de exclusión del Reinfo aplicado en junio de este año y que afectó a alrededor de 50 mil inscritos. Sin embargo, esta suspensión no beneficiará a quienes tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, ni a quienes hayan sido sancionados por realizar actividades mineras ilegales en zonas restringidas, según precisó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez.
La congresista María del Carmen Alva rechazó las acusaciones de Pedro Castillo y alegó que se busca manchar su reputación..
El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusó que la congresista María del Carmen Alva le pidió la entrega de dos ministerios a cambio de su apoyo para culminar el mandato en julio de 2026.
Castillo Terrones se pronunció así durante su intervención en la audiencia del juicio que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el exmandatario, María del Carmen Alva en su condición de presidenta del Congreso le pidió dos carteras ministeriales y, ante su negativa, le pidió no meterse con las empresas agroexportadoras de Ica.
“Me codea y me dice: ‘Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026’. Yo pensé que era una broma porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazá? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazá? Yo necesito dos ministerios. Y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? Le dije, ¿por qué tengo que compartir eso? Tienes que hacerlo, me dice.
Tienes que compartir el gobierno”, declaró el profesor chotano. “Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido”, agregó. Alva anuncia acciones legales En su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora negó las acusaciones de Pedro Castillo y anunció que querellará al exmandatario por difamación.
“Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor”, escribió.
Nuestros resistidos ‘padres de la patria’ recibirán una tranquila y bien acomodada navidad, mientras millas de peruanos continúan siendo extorsionados diariamente.
En un país donde cada día se registra una extorsión a un bodeguero, un transportista, un pequeño emprendedor, un colegio, donde la gente hace lo que pueda por llegar a fin de mes, existe una institución que dice estar del lado de la población, pero sus acciones dicen todo lo contrario: ese lugar, al que en reiteradas ocasiones han intentado convertirlo en cenizas y nada más, se llama Congreso, y adentro se encuentran (por ahora) 130 parlamentarios que nuevamente este año pasarán una acomodada navidad, rodeados de regalos, viajes, bonos y costosas tarjetas.
En diciembre, nuestros impopulares legisladores recibirán un “paquete navideño” de beneficios que eleva sus ingresos por ese mes a S/ 46.900, según un reportaje del programa Cuarto Poder. Este monto no es simplemente un aguinaldo, sino la suma de varios conceptos: su salario mensual de S/ 15.600, una gratificación equivalente, un bono por función congresal de S/ 11.000, asignaciones por semana de representación que suman S/ 2.800, y la ya polémica tarjeta electrónica navideña por S/ 1.900.
El Congreso ha adquirido 4.500 tarjetas electrónicas, cada una valorizada en S/ 1.900, lo que implica un desembolso total estimado de S/ 8,55 millones para repartir entre legisladores, personal de planta y empleados de confianza. Según el convenio colectivo vigente hasta 2025, estas tarjetas están diseñadas con estándares de seguridad deben tener al menos un año de vigencia, incluir mecanismos contra adulteración y permitir compras en todo el país además de un canal de atención al cliente 24/7 por teléfono y correo.
El incremento en el valor de la tarjeta no es menor. En 2020 y 2021 costaba S/ 1.500; para 2022 y 2023 pasó a S/ 1.700; y desde 2024 el monto se fijó en S/ 1.900. Además, desde 2023 hasta ahora, el Parlamento ha gastado más de S/ 24,6 millones solo en este concepto. El origen de estos beneficios está en el convenio colectivo entre el Congreso y el Sindicato de Trabajadores (SITRACON), un acuerdo que muchos señalan como poco fiscalizado.
En octubre pasado, la Mesa Directiva aprobó la instalación de una nueva comisión negociadora para el convenio de 2026-2027 (firmado por Fernando Rospigliosi), lo que podría mantener o incluso ampliar estos privilegios. El analista político Iván García no ha sido tibio en sus críticas: para él, es “otro festín en trineo” en un Congreso que demostró poca “austeridad institucional” cuando el país atraviesa dificultades económicas. La falta de supervisión también ha sido cuestionada.
La Contraloría no podría intervenir directamente en estos acuerdos porque se tratan de negociaciones internas del Parlamento con su sindicato. Este diseño llega en un momento delicado para el Estado peruano: mientras millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas, los legisladores se aseguran un ingreso extraordinario. Según analistas y críticos, este “paquete navideño” no solo refleja privilegios desproporcionados,sino también un divorcio entre el legislativo y la realidad social que atraviesa el país
El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.
El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas de la República que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.
El exjefe de Estado atribuye a estos legisladores ser autores de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo en agravio del suscrito y del Estado – Poder Ejecutivo. El exmandatario sostiene que fue vacado ilegalmente por estos parlamentarios, denunciados en su calidad de altos funcionarios públicos con 101 votos cuando lo legal es con 104 votos, respetando el articulo 89 – A, inciso C, del Reglamento del Congreso, con rango de ley.
El expresidente Pedro Castillo también comprendió en esta denuncia penal a la exmandataria Dina Boluarte a quien le atribuye ser autora del delito de aceptación ilegal del cargo en agravio del suscrito y del Estado Poder Ejecutivo.
El exmandatario solicita a la Fiscalía de la Nación que se inicie una investigación en la que se realicen una serie de diligencias tales como recibir su declaración así como también la declaración del Procurador del Poder Ejecutivo, en calidad de agraviado, y la declaración de la exmandataria Dina Boluarte y de los cien congresistas denunciados.
En el documento se precisa que no se denunció penalmente al congresista Hernando Guerra García, quien también voto a favor de su vacancia, debido a su fallecimiento el 29 de setiembre del 2023, por lo que se extinguió la acción penal en su contra debido a su fallecimiento, como es de conocimiento público.
En su descargo ante el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, el exfuncionario Daniel Luzar atribuyó el hecho a la «inercia y la rutina» de su labor, y aseguró que por error dejó su equipo personal en la oficina y se llevó el del Parlamento.
Daniel Luzar, extrabajador del Área de Participación Ciudadana del Congreso de la República, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo por el uso de una cámara de video del Parlamento durante un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, el pasado 30 de octubre.
En un documento de cinco hojas, Luzar, quien fue separado del Legislativo tras el incidente, calificó el hecho como «involuntario». Según consta en sus descargos, el exfuncionario argumentó que la confusión se debió a sus labores habituales. “En horas de la tarde participé en un evento de carácter privado sin percatarme en ese momento de que la videocámara correspondía a la institución en la que laboraba», señaló. «Esta situación se originó por la inercia y la rutina propia de mis labores audiovisuales, en las que manejo con frecuencia equipos similares o de similares características”, se puede leer en el documento.
«Dejé mi equipo personal en la oficina» Luzar insistió ante la autoridad electoral que cuenta con sus propios medios para actividades privadas y que todo se trató de un error al intercambiar los equipos. “En un momento, por error involuntario, trasladé el equipo de mi casa de labores, dejando en la oficina el equipo personal, el que tenía previsto trasladar hasta Trujillo”, manifestó. Asimismo, el extrabajador deslindó de responsabilidad a sus superiores, asegurando que actuó sin el conocimiento de la institución.
“Es pertinente precisar que ni el responsable de los equipos de comunicación, ni la jefatura de oficina de participación ciudadana, ni nadie de mis centros de labores tenían conocimiento de este hecho hasta que se difundió la información a través de las redes sociales», agregó. Cabe recordar que en la fotografía que desató la polémica, la cámara en cuestión presenta un rótulo visible con un fondo amarillo en ambos espacios laterales, donde se indica claramente que es de propiedad del Parlamento. Pese a esta evidencia, Daniel Luzar insistió ante el ente electoral que el traslado del equipo parlamentario a Trujillo fue producto de una confusión
Arde la Fiscalía. Amenazas de detenerse entre ellos, filtraciones de audios y revelaciones de vínculos con José Jerí. TAMBIÉN: ¿Quiénes son «Los Mafiositos» vinculados al Apra?
MIENTRAS TANTO: Hoy paro de transportes y Rospigliosi manda mensaje a la Nación para asegurar impunidad policial. ADEMÁS: López Aliaga llama «prostituta de Gorriti» a Marco Sifuentes.
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El congresista Guido Bellido Ugarte, figura controvertida y poco querida en el Congreso peruano por sus posturas radicales y escándalos recurrentes, se encuentra al borde de un juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo.
La Fiscalía lo imputa como miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso, específicamente del autodenominado «Militarizado Partido Comunista del Perú» que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Con una posible pena de 20 años de prisión, el proceso solo aguarda la asignación de fecha, en un caso que revive las sombras de su controvertida trayectoria política, marcada por acusaciones de apología al terrorismo y alianzas cuestionables que han generado amplio repudio en la opinión pública.
El testimonio clave proviene del agente encubierto ‘Sacha’, cuyo nombre real es Bobby Eddy Villarroel Medina, quien se presentó como «embajador» de los líderes terroristas Jorge y Víctor Quispe Palomino. Según su declaración ante la Fiscalía y ratificada en el programa ‘Panorama’, Bellido actuó como enlace directo, recibiendo en enero de 2018, en Cusco, paquetes lacrados con memorias USB y chips de celulares que contenían documentación terrorista, números telefónicos y contactos estratégicos.
Estos elementos, precisó ‘Sacha’, habrían sido utilizados por el congresista para avanzar en una agenda política alineada con la infiltración senderista en el poder. El encuentro se habría producido en una oficina en el segundo piso frente a la Universidad Nacional del Cusco, citaciones que Bellido niega vehementemente, calificando las imputaciones como un «invento» y un «complot político» orquestado durante la segunda vuelta electoral de 2021.
La credibilidad del testigo ‘Sacha’ es respaldada por el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), Máx Anhuamán, quien confirmó su infiltración probada en el campamento de los Quispe Palomino. Villarroel Medina, designado agente especial por la Fiscalía, se compromete a reafirmar su testimonio en el juicio oral, detallando conversaciones que comprometen directamente a Bellido en la misión de llevar el terrorismo al ámbito político.
Ante las cámaras de ‘Panorama’, el congresista apareció visiblemente nervioso, desestimando la existencia de dicha oficina y los envíos, en un intento por desacreditar al testigo. Sin embargo, su negación choca con evidencias documentales que la Fiscalía considera irrefutables, exacerbando la percepción de evasión en una figura ya estigmatizada por sus defensas públicas de exmiembros de Sendero Luminoso y su rol en Perú Libre, partido que ha sido blanco de críticas por supuestos lazos subversivos.
El caso de Bellido evoca el de su correligionario Guillermo Bermejo, condenado a 15 años por terrorismo, aunque el imputado se distancia argumentando que se trata de «otro proceso». A esto se suma una investigación paralela por obstrucción a la justicia, tras un presunto intento de soborno a ‘Sacha’ en un baño turco, mediado por un abogado de Perú Libre y grabado en video cuando Bellido ya era congresista.
Curiosamente, en 2024, Bellido votó a favor de la Ley 32130, que permite apelar el auto de enjuiciamiento para casos como el suyo, una maniobra que ha avivado las sospechas de manipulación legislativa. En un Congreso donde su presencia genera división y rechazo generalizado, este juicio podría sellar el destino de un político cuya agenda ha sido calificada repetidamente como un riesgo para la democracia peruana.
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