Tema: Congreso

Sofisticado esquema de bonos fijos, asignaciones por refrigerio de S/ 2,100 mensuales y beneficios camuflados elevan los sueldos reales del personal de confianza hasta en un 160%.

El presupuesto destinado exclusivamente al pago de la planilla del Congreso de la República sufrió un incremento exponencial durante los últimos cinco años. El gasto anual en personal activo pasó de 402 millones de soles en el año 2021 a un pico histórico de 906 millones de soles para el periodo 2025, lo que significa que el costo fiscal de la burocracia parlamentaria se ha duplicado en este periodo.

La millonaria cifra fue puesta al descubierto mediante una investigación periodística del programa dominical Punto Final de Latina Noticias. El reporte detalla la existencia de un complejo entramado de convenios colectivos y acuerdos de la Mesa Directiva que inyectan bonificaciones directas e indirectas a los salarios, elevando los ingresos reales de los trabajadores muy por encima del promedio del sector público.

Sueldos inflados en los despachos

Cada uno de los parlamentarios cuenta con la facultad de contratar un equipo de confianza compuesto por siete personas. Si bien los sueldos base nominales se encuentran regulados, la inclusión de diversos conceptos complementarios altera sustancialmente la escala remunerativa real que percibe el personal en sus cuentas bancarias de forma mensual:

• Asesor 1: Sueldo neto base de S/ 10,924 que se eleva a S/ 15,824 reales.
• Asesor 2: Sueldo neto base de S/ 8,957 que se eleva a S/ 13,857 reales.
• Técnicos (dos plazas): Sueldo neto base de S/ 6,092 que se eleva a S/ 11,292 reales.
• Asistente, Auxiliar y Coordinador (tres plazas): Sueldo neto base de S/ 2,988 que se eleva a S/ 7,888 reales.

El mecanismo de las gollerías

El informe detalla que el incremento del gasto no responde únicamente a la contratación de más personal, sino a una estrategia de asignación de incentivos económicos extraordinarios convertidos en beneficios permanentes. Entre las principales irregularidades y privilegios detectados se encuentran:

• Prorrateo de bonos ocultos: El Parlamento fraccionó un bono equivalente a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —unos S/ 33,000 en total— otorgado originalmente por cierre de legislatura. Este monto fue dividido en 12 meses, inyectando S/ 2,800 mensuales fijos al sueldo de cada trabajador de manera camuflada.
• Alimentación subsidiada: Se entrega una asignación diaria de S/ 100 por concepto de refrigerio. Esto equivale a un ingreso extra de S/ 2,100 mensuales por empleado bajo el rubro de gastos operativos.
• Bonificaciones sin sustento: El personal percibe un sueldo íntegro adicional en febrero por concepto de escolaridad, indistintamente de si tienen hijos o no. Asimismo, reciben S/ 2,200 en marzo para vestimenta sin obligación de presentar boletas de compras, además de dos bonos anuales por ampliación de legislatura en mayo y diciembre de S/ 11,500 cada uno.

El presidente del Congreso firmó la ley por insistencia tras vencer el plazo legal del Poder Ejecutivo.

El presidente del Congreso de la República promulgó la ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. La normativa redefine los alcances del «delito de función». Establece de forma taxativa que cualquier presunto ilícito cometido por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en ejercicio de sus cargos será competencia exclusiva de los tribunales castrenses.

Con esta publicación, se retira la facultad de la justicia ordinaria para procesar penalmente a los efectivos en situaciones de control del orden interno, seguridad nacional o estados de emergencia.

La reforma introduce un blindaje procesal mediante el principio de non bis in idem. Este mecanismo prohíbe taxativamente que un uniformado sea investigado en paralelo por la fiscalía penal común si el fuero militar ya abrió una causa por los mismos hechos. Asimismo, la ley dispone que la Corte Suprema deberá priorizar siempre la competencia de la justicia militar en cualquier conflicto de jurisdicción.

Como contraparte, el texto legal endurece las penas máximas dentro de su propia jurisdicción. La norma incorpora la pena de cadena perpetua para aquellos agentes que, aprovechando su cargo o el armamento del Estado, colaboren con organizaciones criminales o participen en delitos graves contra la vida y la integridad física.

La autógrafa fue promulgada directamente por la Mesa Directiva del Parlamento. La decisión se tomó luego de que la Presidencia de la República dejara vencer el plazo constitucional de 15 días hábiles sin presentar observaciones ni proceder a su firma.

La postergación congela temporalmente la definición sobre el financiamiento para las gratificaciones de los trabajadores CAS, convocatorias de becas estudiantiles y la continuidad de diversas obras públicas a nivel nacional.

La Comisión Permanente del Congreso de la República resolvió este lunes, por segunda ocasión consecutiva, suspender la sesión de debate del dictamen del proyecto de ley de crédito suplementario. La norma contempla la inyección de más de 9,000 millones de soles para partidas estratégicas del Estado. Tras aprobarse una nueva ampliación del cuarto intermedio, la discusión oficial del proyecto legislativo quedó reprogramada para mañana, martes 14 de julio, a partir del mediodía.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, detalló que la postergación responde exclusivamente a la complejidad técnica del documento. Esto surge ante la gran cantidad de solicitudes e iniciativas adicionales presentadas por diversos parlamentarios. «La evaluación de estas propuestas adicionales le corresponde estrictamente al MEF. Nuestro equipo ya cumplió con el trabajo estructural, pero el volumen de las ampliaciones presupuestarias demanda un análisis riguroso para asegurar la viabilidad de la caja fiscal», argumentó Soto, descartando intenciones de retrasar la ley.

El aplazamiento deja en suspenso tres sectores críticos:

• Gratificaciones CAS: Se mantiene sin definir la fórmula definitiva para ejecutar el pago de las gratificaciones completas de julio asignadas a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). El Legislativo mantiene el pulso con el MEF, que ha propuesto implementar un desembolso gradual (iniciando con un 10% este año) para mitigar el fuerte impacto económico que significan los más de 3,500 millones de soles que requiere la ley al año.
• Becas de Estudio: El estancamiento mantiene bloqueada la transferencia presupuestal dirigida a cubrir programas sociales de educación como la Beca Bicentenario. Estos fondos resultan indispensables para abrir nuevas convocatorias públicas destinadas a estudiantes de bajos recursos económicos.
• Obras Públicas: Diversos proyectos de inversión en infraestructura regional, servicios de saneamiento, transporte y compromisos de gobiernos locales continúan congelados en espera de la asignación del marco presupuestal correspondiente.

Se proyecta que la mesa técnica conformada entre el Parlamento y el Ministerio de Economía culmine la redacción del texto sustitutorio consensuado durante las próximas horas, con el objetivo de elevarlo a votación final y destrabar los recursos urgentes del Estado.

Bajo la conducción de la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra, se aprobaron más de 30 proyectos de ley que permiten sanear de manera integral más del 40 % del territorio nacional.

En una jornada calificada como un hito histórico para la organización del Estado, el Pleno del Congreso de la República aprobó más de 30 dictámenes de saneamiento de límites territoriales.

Este trascendental logro, esperado por décadas por gobiernos regionales y locales, fue posible gracias al liderazgo y al trabajo articulado de la presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, la congresista loretana Ana Zegarra Saboya, logrando definir formalmente las fronteras de más del 40% del territorio nacional.

Hasta antes de esta sesión, el Perú contaba con menos del 30% de sus límites territoriales debidamente saneados, una preocupante realidad que durante años desencadenó conflictos entre localidades, disputas de competencias y, fundamentalmente, la paralización de proyectos de inversión pública esenciales.

Con la aprobación de este paquete legislativo, impulsado por la parlamentaria Zegarra, se rompe el entrampamiento burocrático y se sientan las bases legales para la ejecución inmediata de obras de agua y saneamiento, colegios, centros de salud y carreteras que impactarán directamente en la calidad de vida de las poblaciones vulnerables tanto en ámbitos urbanos como rurales.

«Hoy el Congreso ha demostrado que cuando se trabaja con vocación descentralista y de cara a las verdaderas necesidades del territorio, las fronteras internas dejan de ser líneas de conflicto para convertirse en puentes de desarrollo. Ordenar nuestro territorio significa otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos y crear condiciones reales para la inversión pública y privada», enfatizó la congresista Ana Zegarra, tras agradecer el respaldo unánime de las diversas bancadas políticas que se sumaron a este esfuerzo de justicia social y descentralización real en beneficio de millones de peruanos.