La crisis política en Paraguay se agravó este viernes 6 de noviembre luego de que el Senado rechazara la solicitud de prórroga presentada por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político iniciado en su contra. La decisión parlamentaria obligó al mandatario a comparecer ante el pleno legislativo durante la misma jornada.
La Cámara Alta rechazó el pedido de ampliación de 72 horas con 39 votos en contra y apenas tres a favor. La solicitud había sido presentada por el jefe de Estado, quien argumentó que necesitaba más tiempo para revisar el expediente acusatorio, compuesto por 15 páginas y aproximadamente 300 folios de anexos.
Tras la votación, el presidente del Senado, Basilio Núñez, dispuso un cuarto intermedio y convocó nuevamente a Peña para que ejerciera su derecho a la defensa. La sesión quedó a la espera de la presencia del mandatario y sus representantes legales.
El proceso tiene como principal detonante la crisis financiera de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay después de detectar graves problemas en sus indicadores de solvencia. La institución administraba recursos de más de 2,9 millones de clientes y había recibido importantes depósitos de organismos públicos durante la gestión presidencial.
Las acusaciones parlamentarias contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses, utilización de influencias políticas y decisiones que habrían favorecido al conglomerado empresarial vinculado anteriormente al mandatario. El presidente vendió sus acciones en Ueno Holding en marzo de 2025.
La crisis también alcanzó al ámbito político después de que la Cámara de Diputados aprobara el inicio del juicio político con 78 votos favorables. En medio del procedimiento, Peña presentó su renuncia, pero el Congreso no consiguió aceptar formalmente su dimisión debido a la falta de cuórum.
El mandatario continúa ejerciendo formalmente la Presidencia mientras avanza el procedimiento constitucional.
La situación mantiene en incertidumbre el panorama institucional paraguayo. El Senado deberá evaluar las acusaciones y la defensa antes de adoptar una decisión sobre la responsabilidad política del jefe de Estado.
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