El testigo clave en la investigación ‘Waykis en la Sombra’, Iván Siucho, relató un dramático epi- sodio ocurrido el viernes 23 de agosto. Según su testimonio ante las autoridades del Ministerio Público, dos hombres que afirmaron ser policías lo retuvieron contra su voluntad en circunstancias que aún generan incertidumbre. Este relato se convirtió en el centro de una investigación que involucra el cruce entre actividades delictivas y supuestas conexiones con la minería ilegal.
Según la versión de la ‘víctima’, el incidente tuvo lugar en su propia vivienda, donde se suponía que atendería una reunión de negocios. Días antes, un hombre identificado como ‘Sebastián’ había manifestado interés en alquilar maquinaria para la minería. La conversación se llevó a cabo a través de varios medios, y se acordó que el encuentro sería en la residencia de Siucho. Sin embargo, al momento del encuentro, Sebastián no asistió. En su lugar, llegó un hombre llamado ‘Enrique’, quien no se presentó solo, sino acompañado de Cristian Huamaní, a quien presentó como su padre, y otros tres individuos.
Lo que comenzó como una simple reunión se tornó en una situación aterradora cuando el supuesto padre de Huamaní sacó un arma de un maletín y la apuntó directamente hacia la novia de Siucho, Nicole Graña Martínez, presente en el lugar. Este hecho provocó un cambio brusco en el tono de la reunión, que pasó de lo comercial a lo criminal. El hombre narró que la atmósfera se volvió opresiva y violenta, con amenazas directas hacia su persona y hacia los demás presentes. Además, los hombres comenzaron a interrogarlo en relación con su participación en el caso ‘Waykis en la Sombra’, una investigación en curso vinculada con presuntas actividades criminales en torno a la minería ilegal y el lavado de activos.
“Me dijeron que sabían quién era y que debía guardar silencio si quería salir con vida”, reveló. El propio Siucho manifestó ante la Fiscalía que temía por su vida y consideraba que este acto de intimidación era una consecuencia directa de su implicación en el caso, el cual toca a figuras importantes, incluyendo a allegados de la presidenta Dina Boluarte.
Reacción de la PNP
Mientras el caso continúa siendo investigado, la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que no existe una conexión directa entre el secuestro de Iván Siucho y el caso ‘Waykis en la Sombra’. El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, declaró para RPP que, según las investigaciones preliminares, el hecho criminal estaría vinculado a motivos extorsivos y económicos, posiblemente relacionados con transacciones vinculadas a la minería.
El comandante Zanabria señaló que la PNP actuó rápidamente tras la denuncia presentada por la familia de Siucho, logrando la detención de cinco civiles y dos efectivos policiales. Los suboficiales implicados, Rolando Castillo Pino y Gabriel Abraham Daniel Neyra Zapata, estaban asignados a la Comisaría de Lince. Estos agentes, según lo informado, participaron activamente en el secuestro de Siucho, un hecho que la PNP catalogó como un “acto funcional indebido”. Las investigaciones continúan, y la Fiscalía Penal está llevando a cabo las diligencias pertinentes en la Comisaría de Monterrico, lugar donde se detuvieron inicialmente a los involucrados.
Liberación y consecuencias
Iván Siucho fue liberado en el distrito de San Martín de Porres, en la zona de Eduardo de Habich. Según el comandante Zanabria, los captores llegaron a un acuerdo con Siucho antes de dejarlo en libertad, aunque no se revelaron detalles sobre dicho acuerdo. A pesar de la gravedad de la situación, Siucho no fue víctima de agresiones físicas, aunque sí recibió amenazas con armas de fuego durante su retención. Tampoco se reportó la sustracción de bienes personales, ya que sus celulares fueron encontrados en su domicilio tras el incidente.
Cinco civiles y dos policías fueron arrestados en relación con el secuestro, y el caso levantó una serie de preguntas sobre las conexiones de estos individuos con redes criminales más amplias. Los dos civiles con antecedentes penales por delitos violentos fueron vinculados inmediatamente con el interés patrimonial que, según las autoridades, motivó el secuestro. El hecho de que dos agentes policiales participaran en este delito solo intensifica la preocupación pública sobre la seguridad y la corrupción dentro de las fuerzas del orden.
