El área de conservación del Parque Arqueológico de Choquequirao, conocido como uno de los últimos refugios de la civilización inca, enfrenta una disputa que involucra más de 70 mil hectáreas de terrenos que fueron entregados antes de que el sitio fuera declarado zona arqueológica. Según las denuncias de los pobladores, la venta de tierras dentro de este espacio protegido por el Estado habría comenzado a realizarse desde el año 2020, a pesar de estar prohibido. Las denuncias señalan a la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay como responsable de la venta de estos terrenos, según el informe presentado por Latina Noticias.
El gerente de Turismo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Cusco (GORE Cusco), Saúl Capipani, explicó que existe una normativa que protege las tierras ubicadas dentro del parque. Según el funcionario, el Decreto Supremo 022 del 2010 establece que estas áreas son intangibles, por lo que no pueden ser vendidas ni utilizadas para fines comerciales lictos. Esta zona es intangible, protegida por la Ley 28296, que impide su venta. Los pobladores de Marampata han hecho un llamado al Ministerio de Cultura porque la venta de terrenos afecta directamente un espacio arqueológico. La cooperativa ganadera de Altos Salkantay ha vendido más de 200 terrenos, incluso durante la pandemia, a pesar de que están dentro del parque arqueológico de Choquequirao, protegido por el Decreto Supremo 022 del 2010 del MINAM, que prohíbe estas actividades”, declaró.
Pobladores denuncian tráfico de tierras
Los habitantes de la comunidad de Marampata, ubicada en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Choquequirao, señalaron que desde el 2020 comenzaron a observar la venta de tierras que, según ellos, pertenecen al Estado y están protegidas. Los pobladores aseguran que los espacios vendidos incluyen áreas importantes dentro del parque, como el mirador de Sunchupata, un punto clave desde el cual los turistas aprecian el complejo arqueológico.
Mientras que el dirigente de la comunidad, Alfonso Begazo, mencionó que las tierras en disputa forman parte del Área de Conservación Regional de Choquequirao y, por tanto, están protegidas por la Ley 28296. “Estas son zonas protegidas. No se puede empezar a vender terrenos como si fueran propiedad privada. No puedes, de un día para otro, empezar a ver cómo se construye un hotel en un lu- gar que está destinado a la conservación arqueológica”, afirmó.
Aseguran que no son traficantes de terrenos
En medio de estas acusaciones, César Álvarez, vicepresidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay, defendió las acciones de su organización y aseguró que los terrenos que manejan fueron adjudicados hace más de 50 años por el Ministerio de Agricultura, mucho antes de que Choquequirao fuera declarado zona arqueológica. “No somos traficantes de tierras. Estas tierras fueron adjudicadas en 1972 a los socios de la cooperativa, y desde entonces hemos sido propietarios legítimos de 71 mil hectáreas. No tenemos nada que esconder”, declaró.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) tiene conocimiento de este caso desde hace tres años. En un comunicado emitido en 2021, la entidad anunció que realizaría una investigación sobre las presuntas invasiones en el Área de Conservación Regional de Choquequirao. Según el comunicado, la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay es propietaria de más de 30 mil hectáreas, pero parte de sus terrenos se encuentran dentro del área protegida, lo que plantea dudas sobre la legalidad de las transacciones realizadas.
“Estamos verificando si el procedimiento de inscripción de los terrenos se realizó de acuerdo con la normativa vigente. Si encontramos irregularidades, se tomarán medidas para sancionar a los responsables”, indicó la entidad en su comunicado. Hasta el momento no se supo nada de la investigación.
