Tribunal aplicó los alcances de la Ley N.º 32108 para declarar fundada la excepción de improcedencia de acción planteada por las defensas técnicas.
El Poder Judicial de la República del Perú declaró fundado el recurso de excepción de improcedencia de acción y dispuso el archivo definitivo de la acusación fiscal por el delito de asociación ilícita para delinquir contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón y un grupo de exfuncionarios de su gestión, en el marco de las investigaciones por el caso Gasoducto Sur Peruano.
La resolución, emitida por el juez Leodan Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determina que los hechos imputados por el Ministerio Público bajo el cargo de asociación ilícita ya no se adecúan al tipo penal vigente, ordenando el levantamiento de todas las medidas cautelares y de restricción personal vinculadas exclusivamente a este delito.
Aplicación de la Ley N.º 32108
El fallo judicial se sustenta en la aplicación de la Ley N.º 32108, norma que modificó el marco legal sobre crimen organizado y asociación ilícita en el país. Las defensas técnicas de los procesados argumentaron con éxito que la estructura del presunto delito atribuido no cumple con los nuevos estándares de la legislación actual.
Específicamente, la norma exige que la organización tenga como objetivo la comisión de delitos graves con penas mínimas superiores a los seis años de cárcel. En este caso, el «delito fin» postulado por la Fiscalía (colusión) no alcanza dicho umbral punitivo según los parámetros de la modificatoria, lo que descalifica jurídicamente la tipificación de asociación ilícita.
Exministros beneficiados
La medida judicial de archivo definitivo no solo beneficia a la ex pareja presidencial, sino que se extiende a ex altos funcionarios del gobierno nacionalista procesados en la misma carpeta, entre ellos:
- Luis Miguel Castilla Rubio (exministro de Economía y Finanzas)
- Eleodoro Mayorga Alba (exministro de Energía y Minas)
El proceso por colusión sigue vigente
Cabe precisar que esta decisión judicial no extingue la totalidad del caso Gasoducto Sur Peruano. El Ministerio Público mantiene activa la acusación principal por el presunto delito de colusión agravada, bajo la hipótesis de un supuesto favorecimiento a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión del megaproyecto energético.
Asimismo, los investigados continúan vinculados al proceso penal en calidad de imputados por la presunta comisión de colusión y civilmente responsables respecto al pago de eventuales reparaciones a favor del Estado peruano, cuyas solicitudes de archivo presentadas por las defensas serán evaluadas en las próximas audiencias programadas por el tribunal.
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