Los procedimientos sancionadores y de baja suelen tardar meses o años debido a la compleja burocracia administrativa y la sobrecarga de expedientes. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, cuestiona al Tribunal de Disciplina Policial
Los dos oficiales y cuatro sub-alternos de la Policía Nacional asignados a la seguridad del presidente José María Balcázar y que fueron separados de sus funciones afrontan un proceso disciplinario de carácter sumario, tras ser captados en una discoteca durante una misión oficial en Lambayeque.
Esta es apenas una de las investigaciones que, en la actualidad, causan preocupación en la institución. En lo que va de 2026, de 671 solicitudes de expulsión de malos elementos de la PNP, solo se han resuelto 100 casos. El 10% corresponde a oficiales.
El año pasado, de 1.500 solicitudes de expulsión acumuladas en años anteriores, solo 450 a
500 de esas propuestas fueron calificadas para cumplir ese procedimiento sancionador. Es decir, el Tribunal de Disciplina Policial, que depende del Ministerio del Interior, solo ha resuelto el 30%.
En lo que va de 2026, de 671 solicitudes, solo se han resuelto 100 casos. El 10% corresponde a oficiales.
«La ley y la disciplina no distinguen grados», manifiesta el general PNP Julio Becerra Cámara, director de investigaciones de la Inspectoría General PNP. “Ninguna falta de respeto será permitida dentro de la institución, venga de un superior o de un subordinado”, afirma el oficial, tras asegurar que toda denuncia será investigada con prontitud, imparcialidad y firmeza.
Los procedimientos sancionadores y de baja suelen tardar meses o años debido a la compleja burocracia administrativa, la sobrecarga de expedientes, los estrictos plazos de ley y el derecho constitucional al debido proceso.
El general retirado Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, ha cuestionado duramente que el Tribunal de Disciplina Policial, máxima instancia evaluadora de la disciplina, esté compuesto por civiles designados por el Ministerio del Interior. Argumenta que, al no tener experiencia policial, sus decisiones suelen carecer del rigor y conocimiento de la operatividad policial.
Señala que se ha burocratizado excesivamente el debido proceso, lo que impide que las jefaturas policiales y la Inspectoría actúen con la severidad y rapidez histórica que, según él, caracterizaba a los institutos armados y policiales en el pasado. En la actualidad, todo efectivo investigado tiene derecho a presentar descargos, apelar y solicitar pruebas. Si una sanción se aplica de forma apresurada y sin cumplir el debido proceso, puede ser anulada por el Tribunal de Disciplina Policial o por la vía judicial, logrando que el policía corrupto sea reincorporado.
MILES DE PROCESOS EN TRÁMITE
El sistema disciplinario policial maneja miles de procesos en trámite a nivel nacional, lo que genera un «cuello de botella» para los equipos investigadores y órganos de decisión.
La actual Ley 30714 (Régimen Disciplinario Policial) y sus modificatorias establecen plazos de caducidad (generalmente de 9 meses en primera instancia) y prescripción (hasta 4 años para faltas graves). Si la Inspectoría no logra notificar o resolver el caso dentro de estos límites, el proceso queda sin efecto y el efectivo no puede ser sancionado.
Los casos de corrupción (como cobro de coimas o crimen organizado) requieren investigaciones profundas, levantamiento del secreto bancario o peritajes que toman tiempo para ser concluyentes.
Algunos especialistas legales y expertos en seguridad, consultados por La República, han denunciado que el régimen disciplinario a menudo resulta garantista o blando, protegiendo en cierta medida a los malos agentes frente a la rigidez de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Para hacer frente a estas de-moras y a las críticas ciudadanas sobre la lentitud del sistema, el Mininter y la PNP han implementado en los últimos meses medidas de reestructuración, con la creación de órganos de integridad institucional y nuevas estrategias para acelerar los procesos por infracciones muy graves.
“Lo ideal sería que, en segunda instancia, un Tribunal dependa de la comandancia general y que los plazos se acorten”, refiere el inspector general, Gustavo Ríos. “Estamos demasionados garantistas de los policías infractores”, añade.
En octubre de 2025, el exministro del Interior Vicente Tiburcio precisó que una de sus prioridades sería la expulsión de los malos agentes y dispuso que se modifique el régimen disciplina-rio, aduciendo “es muy blando y protege a los agentes PNP”.
