La Fiscalía de Cusco demostró la culpabilidad de la exautoridad y cuatro de sus exfuncionarios, fijándose una reparación civil de medio millón de soles
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Cusco logró una contundente sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Juan Olivera Ricalde. La misma pena de cárcel fue impuesta a cuatro exfuncionarios de confianza de su gestión, tras quedar plenamente demostrada su responsabilidad penal en la conversión, transferencia y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita en agravio del Estado peruano.
Destino de los fondos e investigación fiscal
El Ministerio Público sustentó ante el Poder Judicial que el exburgomaestre y sus coprocesados estructuraron un esquema financiero para ingresar dinero ilícito —proveniente de actos de corrupción en la administración pública— al sistema económico legal. A través de las pesquisas fiscales, se detectaron la adquisición de bienes, vehículos y transacciones sospechosas que no coincidían con los ingresos declarados por las exautoridades. El juzgado validó las pericias contables y los levantamientos del secreto bancario presentados como elementos de prueba determinantes.
Inhabilitación y sanción económica histórica
Además de la reclusión en un establecimiento penitenciario, el juzgado dictó estrictas medidas complementarias contra toda la red:
- Reparación civil: El pago solidario de S/ 500 000 (medio millón de soles) que los sentenciados deberán abonar a favor del Estado.
- Inhabilitación pública: La incapacidad para ejercer cualquier cargo público, función administrativa o postulación a cargos de elección popular durante el tiempo de la condena.
- Decomiso de bienes: La incautación definitiva de los bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos con el dinero maculado objeto del juicio.
