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La Contraloría General de la República y la Asociación de AFP (AAFP) suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional que permitirá al organismo de control fiscalizar a las entidades del Estado que retienen el aporte de sus trabajadores y no lo depositan en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Con este acuerdo, se busca evitar la generación de nuevas deudas previsionales y propiciar que las entidades que se han acogido a los tres regímenes de reprogramación de pago (REPRO AFP) cumplan con las cuotas pactadas.

A mayo de 2024, un total de 2,808 entidades estatales a nivel de gobierno nacional, regional y local retuvieron los aportes de 432,996 trabajadores afiliados a las AFP y no los depositaron en sus cuentas de ahorro para la jubilación.

Esta deuda previsional sería equivalente a S/ 14,657 millones si se incluyesen los factores de actualización (intereses, moras y multas) que establece la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sin embargo, al acoger- se al REPRO AFP, la deuda a pagar se reduciría a S/ 1,870 millones, pues incluye únicamente el aporte retenido al afiliado y la rentabilidad que se habría generado si este hubiese sido depositado oportuna- mente en su CIC, con el fin de proteger al trabajador.

Para evitar la generación de nueva deuda previsional, la AAFP pondrá a disposición de la Contraloría información actualizada de las instituciones con aportes impagos, de manera que el órgano de control pueda identificar rápidamente a las que incurren en malas prácticas y tome las acciones pertinentes para salvaguardar los aportes de los afiliados al SPP.

Por otro lado, para propiciar el pago oportuno de las cuotas REPRO por parte de las entidades que se acogieron, se enviará periódicamente el estado del cumplimiento de la devolución de los aportes previsionales retenidos de los sueldos de los afiliados y no depositados en sus CIC.

¿Cómo será la fiscalización de las entidades deudoras?

A partir de la suscripción de este convenio, la Contraloría General programará próximamente un operativo de control, a nivel nacional, para verificar la situación actual de los aportes de los trabajadores a las AFP que se encuentran impagos, anunció el contralor general, Nelson Shack.

Sostuvo que, actualmente, el no pago de los aportes podría deberse a que las entidades públicas están utilizando ese dinero en otros fines, por lo que propuso que en la próxima Ley de Presupuesto se incluya la imposibilidad de que se usen dichos fondos de los trabajadores en otras partidas específicas de gasto, e incluir esta acción como una inconducta funcional que puede sancionarse mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador bajo la potestad de la Contraloría General.

A los trabajadores que se les descontó los aportes de AFP de sus sueldos, pero no fueron depositaron en sus cuentas ven afectados sus fondos de pensiones, pues tienen un menor saldo acumulado que se pueda rentabilizar a largo plazo en las AFP y, en consecuencia, sus pensiones serán menores cuando se jubilen.

Se debe considerar que entre los trabajadores afectados existen personas ya jubiladas, que pudieron haber tenido mejores pensiones si sus aportes hubieran sido depositados oportunamente. Se está afectando su derecho a la seguridad social, que implica el acceso a pensiones.

Por su parte, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, resaltó que “la Contraloría contará con información en tiempo real para fiscalizar a los deudores y también para evitar que se creen nuevas deudas previsionales que afecten los ahorros para la jubilación de los trabajadores del sector público”.