En una fuerte advertencia institucional, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunció este miércoles que las redes de crimen organizado y el narcotráfico se han infiltrado «hasta el tuétano» en las estructuras del Poder Judicial y de los cuerpos policiales del Gobierno. Ante esta situación, el Ejecutivo dispuso un sistema obligatorio de traslados internos de personal de seguridad para contrarrestar la problemática.
Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria señaló que para resolver el problema es necesario reconocerlo, insistiendo en la gravedad de la infiltración.
Medidas de contingencia y fricciones institucionales
Como medida para evitar nexos con el crimen organizado, se ordenó la rotación permanente de la Fuerza Pública, sugiriendo que el Poder Judicial aplique una medida similar con jueces y fiscales. Esto ha generado un choque político con la Corte Suprema y la Fiscalía General debido a cuestionamientos sobre la liberación de sospechosos.
Radiografía de una transformación logística
Costa Rica se ha transformado en una plataforma logística de almacenamiento de drogas procedentes de Sudamérica con destino internacional.
- Cifras alarmantes: El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó el decomiso de 46.5 toneladas de cocaína en 2025, una de las cifras más altas de la historia nacional.
El Ejecutivo mantiene su enfoque de «mano dura» y no descarta declarar estados de excepción en zonas críticas, respaldado por medidas de seguridad y el manejo reservado de inteligencia.
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