La bancada parlamentaria de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que propone ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028. La iniciativa legislativa busca otorgar un nuevo plazo a los pequeños productores mineros y mineros artesanales que continúan en el proceso de formalización de sus actividades.
La propuesta plantea modificar el plazo establecido para este mecanismo, cuya finalidad es permitir que los operadores mineros puedan avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, técnicos y administrativos necesarios para desarrollar sus actividades dentro del marco normativo vigente.
El planteamiento legislativo vuelve a colocar en el centro de la discusión nacional la situación de miles de trabajadores vinculados a la pequeña minería y minería artesanal, especialmente en regiones donde esta actividad representa una importante fuente de ingresos y empleo.
Entre los argumentos que respaldan este tipo de prórrogas figura la necesidad de evitar que los mineros que permanecen en el proceso de formalización queden expuestos a la ilegalidad por falta de tiempo para completar los procedimientos exigidos por el Estado. Asimismo, se busca evitar que las actividades económicas de numerosas familias se vean afectadas por la culminación del registro.
Sin embargo, la iniciativa también podría generar cuestionamientos desde sectores que consideran que las sucesivas ampliaciones del Reinfo no han conseguido resolver los problemas estructurales de la formalización minera. Entre las principales preocupaciones se encuentran la contaminación ambiental, la explotación de trabajadores, la ocupación de territorios sin autorización y las dificultades para controlar las actividades que operan al margen de la ley.
El debate adquiere especial importancia en regiones como Cusco, Madre de Dios, Puno y Arequipa, donde la minería artesanal y de pequeña escala tiene una presencia significativa, pero también enfrenta denuncias relacionadas con impactos ambientales y actividades informales.
La eventual aprobación de una nueva prórroga exigiría establecer mecanismos efectivos de supervisión, metas verificables y responsabilidades para quienes permanecen inscritos en el registro.
Por ahora, el proyecto deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y ser evaluado en las instancias legislativas competentes. Su presentación no significa que la ampliación esté aprobada.
La discusión en el Congreso pondrá nuevamente a prueba la capacidad del Estado para equilibrar la continuidad económica de miles de mineros con la protección ambiental y la lucha contra la minería ilegal.
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