La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) ha desencadenado una de las mayores crisis financieras y políticas recientes del país sudamericano. La entidad, que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes, quedó sometida a un procedimiento de resolución luego de detectarse graves deficiencias en sus indicadores de solvencia.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo monetario el pasado 2 de noviembre, después de comprobar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. Como consecuencia, se dispuso el cierre de sus sucursales y la suspensión de sus servicios, mientras se inicia la verificación de sus activos y obligaciones.
La crisis también generó preocupación entre miles de ahorristas, especialmente jubilados y trabajadores que reciben sus ingresos mediante esta entidad. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 38.622 dólares por depositante y entidad financiera.
Uno de los aspectos más delicados del caso es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones cercanas a los 355 millones de dólares en Ueno Bank, mientras otras instituciones estatales también registran fondos depositados en la entidad.
El escándalo alcanzó directamente al Gobierno del presidente Santiago Peña, debido a los antecedentes de vínculos empresariales entre el mandatario y el grupo propietario del banco. Asimismo, Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, presentó su renuncia a pedido del jefe de Estado, luego de que se conociera que anteriormente había dirigido la financiera que dio origen a Ueno Bank.
En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad para investigar posibles responsabilidades penales relacionadas con la crisis financiera.
La oposición política también anunció iniciativas para promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, mientras el Ejecutivo busca acelerar mecanismos legales para garantizar la devolución de los depósitos.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno designó al economista Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central.
La intervención de Ueno Bank abre interrogantes sobre la supervisión financiera, los vínculos entre el poder político y empresarial y la protección de los recursos públicos. El desenlace será determinante para la confianza de los ahorristas y la estabilidad del sistema financiero paraguayo.
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