Gobierno declara en reorganización al OECE por debilidades en supervisión de contrataciones públicas

El Gobierno declaró en reorganización al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de identificarse limitaciones y debilidades en su funcionamiento para cumplir adecuadamente sus responsabilidades dentro del sistema de contrataciones públicas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 256-2026-EF y tendrá un plazo de hasta 90 días calendario. Durante este periodo se evaluará la situación administrativa, organizacional, presupuestal y de gestión del organismo, con el propósito de establecer acciones de reforma y mejora.

Entre las áreas que serán revisadas figuran la asistencia técnica y orientación a las entidades públicas, la certificación de los responsables de las áreas vinculadas con las contrataciones, la administración de los registros a cargo del OECE y la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente.

También será materia de evaluación la capacidad sancionadora del organismo frente a las infracciones relacionadas con las contrataciones estatales, así como las herramientas y procesos destinados a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del OECE deberá elaborar un diagnóstico institucional en un plazo máximo de 45 días. Posteriormente, dentro del periodo establecido para la reorganización, se presentará un plan de trabajo con las medidas de reforma y un cronograma para su implementación.

La decisión ocurre en un contexto en el que las contrataciones públicas continúan siendo objeto de especial vigilancia debido a riesgos de irregularidades, deficiencias administrativas y posibles perjuicios económicos para el Estado.

El proceso de reorganización no implica la paralización de los servicios del OECE. Las plataformas y mecanismos vinculados con las contrataciones públicas continuarán operando mientras se desarrolla la evaluación institucional.

El reto será convertir este proceso en una reforma efectiva que permita fortalecer la supervisión, reducir riesgos y garantizar que los recursos públicos sean utilizados con mayor eficiencia y transparencia.

 

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