• El 40% de las pequeñas y medianas empresas percibe un enfoque principalmente sancionador en las fiscalizaciones de la entidad.
• El 77% de las pymes considera que sus aportes al Estado superan los beneficios que recibe a través de servicios públicos, entre ellos los brindados por EsSalud.
La fiscalización tributaria aparece como una de las principales barreras que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en su relación con el Estado. Según el estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú, el 69% de las pymes identifica a Sunat como la entidad cuyas fiscalizaciones generan mayor impacto negativo en su operación.
El problema no parece ser únicamente la intensidad de la fiscalización, sino la forma en que esta se realiza. El 40% de las pymes considera que las fiscalizaciones de Sunat tienen un carácter principalmente sancionador. A ello se suma un problema de predictibilidad: el 88% de las pymes señala que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores de Sunat cambian con alguna frecuencia. “Una fiscalización poco predecible eleva los costos de cumplimiento y puede terminar convirtiéndose en una barrera adicional para crecer dentro de la formalidad”, señaló Patricia Rojas, Public Affairs Senior Director de Ipsos Perú.
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Las dificultades identificadas por las pymes, sin embargo, no se limitan al ámbito tributario. El estudio también recoge desafíos vinculados a los costos que implica la contratación formal y a la percepción sobre los servicios que brinda el Estado. En ese sentido, el 77% de las pequeñas y medianas empresas considera que sus aportes superan los beneficios que reciben a través de los servicios públicos. Entre estos últimos, también se recogen cuestionamientos sobre la calidad del servicio brindado por EsSalud.
La gran empresa también cuestiona la fiscalización
Las dificultades relacionadas con la fiscalización se intensifican entre las empresas de mayor tamaño. De acuerdo con el estudio, el 82% de las grandes empresas identifica el manejo de fiscalizaciones como su principal problema frente al aparato estatal, mientras que un 47% señala que los inspectores de Sunat cambian de criterio con frecuencia durante los procesos de auditoría.
A ello se suman otras dificultades en la relación con el Estado. El 80% califica como mala o muy mala su capacidad para cruzar información y evitar la duplicidad de trámites; el 68% identifica la dificultad legal para desvincular personal por bajo desempeño como su mayor barrera laboral; y un 26% declara que se le solicitó algún pago informal o coima en al menos una entidad pública durante el último año.
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