El proyecto de ley remitido por el Gabinete Galarreta consta de 66 pedidos orientados a combatir el crimen organizado y dinamizar la gestión pública.
En una acción coordinada para establecer las bases regulatorias del pliego gubernamental, el Poder Ejecutivo presentó de manera oficial ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República el Proyecto de Ley de Delegación de Facultades Legislativas. El paquete normativo busca la autorización del Legislativo para emitir decretos con rango de ley durante cuatro meses, concentrándose en dar respuestas rápidas ante la crisis delictiva y acelerar la modernización estatal.
«Esta solicitud contiene aspectos de suma urgencia para recuperar el orden interno del país, enfrentar las contingencias climáticas y eliminar las trabas burocráticas que asfixian la inversión», manifestó la jefa de Estado, Keiko Fujimori, instando a una evaluación célere por parte de la representación nacional.
Los ejes principales del paquete de reformas:
El pliego legal presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se articula en torno a los siguientes puntos de alto impacto social y financiero:
- Lucha frontal contra el crimen organizado: El proyecto plantea modificar el marco penal sustantivo para permitir que determinadas organizaciones delictivas de alta peligrosidad sean tipificadas y perseguidas bajo la categoría de organizaciones terroristas. Asimismo, propone habilitar a las Fuerzas Armadas para asumir de forma permanente el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios del país.
- Seguridad tecnológica y postpenitenciaria: Se contempla la reestructuración de las leyes de telecomunicaciones para agilizar la identificación, localización técnica y el bloqueo inmediato de terminales móviles utilizados en extorsiones. Adicionalmente, se plantea la creación de un Registro de Libertad Vigilada Postpenitenciaria para reos de alta peligrosidad y drásticas sanciones a operadoras telefónicas con señal activa en los penales.
- Protección a poblaciones vulnerables: El Ejecutivo busca optimizar los servicios de atención del Estado y fortalecer el marco punitivo, asegurando que los delitos de acoso, tentativa de feminicidio y violación sexual sean sancionados de manera estricta con penas de cárcel efectivas.
- Reformas laborales y de productividad: Con la meta de reducir los índices de informalidad laboral que bordean el 70%, el proyecto propone regular bonos de productividad y condiciones de desempeño que no tengan carácter remunerativo. De igual manera, se plantea modificar y reducir el número de feriados no laborables del calendario oficial —que actualmente suman 16 al año— para racionalizar su uso y elevar los niveles de competitividad empresarial.
- Transparencia y lucha contra la corrupción: El plan incorpora un decreto legislativo que prohibirá de por vida el ingreso o permanencia en el aparato de administración pública a cualquier ciudadano condenado por lavado de activos, narcotráfico o financiamiento del terrorismo, sumado a lineamientos rígidos para las declaraciones juradas de intereses.
Siguiente paso constitucional
Tras el ingreso formal de la iniciativa por mesa de partes, el presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres Morales, adelantó que el documento será derivado de inmediato a las comisiones dictaminadoras para agilizar su debate técnico. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, los ministros de cada sector deberán acudir a las sedes de las comisiones en los próximos días para sustentar el impacto de los decretos que planean emitir.
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