La paradoja cusqueña es una herida abierta que se profundiza con el paso de los meses. Mientras los discursos oficiales celebran con bombos y platillos la viabilidad de proyectos millonarios para cerrar brechas de saneamiento, la realidad que golpea a las trece provincias de nuestra región discurre por un sendero completamente opuesto, marcado por la ineficiencia del gasto público y una amenaza climática que ya no admite más postergaciones: la crisis hídrica.
Resulta alarmante constatar que, a estas alturas del año fiscal, la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Cusco apenas alcanza un lánguido 54%. Esta alarmante lentitud en las inversiones no es una simple cifra fría de la contabilidad estatal; representa puentes no construidos, tuberías sin tender y comunidades enteras condenadas a la postergación. Es inaceptable que con ingentes recursos en las arcas, la capacidad técnica de nuestros gobernantes sea el principal cuello de botella para el desarrollo regional.
La inacción se vuelve temeraria cuando se contrasta con las advertencias de los organismos científicos. El fantasma de un déficit hídrico severo se posa sobre nuestras cabeceras de cuenca debido al impacto rezagado y las anomalías de los fenómenos climáticos. Cusco está en riesgo de quedarse sin agua suficiente para el consumo humano y la agricultura, lo que desataría una crisis de seguridad alimentaria sin precedentes en las comunidades que sostienen los mercados de la Ciudad Imperial. El agua se agota en las fuentes, pero los expedientes técnicos siguen durmiendo el sueño de los justos en los escritorios edilicios.
No podemos seguir gobernando bajo la lógica del bombero, reaccionando únicamente cuando el incendio del descontento social o la sequía extrema ya han devastado el territorio. El Cusco no solo vive de la mística de su glorioso pasado incaico ni de las proyecciones de divisas que genera el turismo masivo. Una urbe y una región que aspiran a la modernidad deben asegurar, primero, la supervivencia y la dignidad de sus ciudadanos.
Nuestras autoridades regionales y locales tienen la obligación perentoria de destrabar las obras paralizadas, acelerar la inversión en la siembra y cosecha de agua, y optimizar cada sol disponible. La inercia burocrática actual es, en buena cuenta, una forma de complicidad con la crisis. Si el liderazgo de la región no despierta de su letargo administrativo, el veredicto de la historia —y la crudeza de la naturaleza— será implacable con ellos. La población ya no tiene margen para seguir esperando.
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