Un escenario de alta complejidad procesal sacude el desarrollo del Caso Liceo Naval Almirante Guise. La madre de uno de los menores que cumple internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita, interpuso una grave denuncia penal ante la delegación policial de San Miguel. En ella se acusa al adolescente señalado como el principal implicado en la agresión original de haber intentado agredir sexualmente a su compañero dentro del recinto.
Este alarmante suceso ocurre a solo un día de que el Tercer Juzgado de Familia de Lima lleve a cabo una audiencia decisiva de juzgamiento y esclarecimiento de los hechos. Dicha sesión judicial está programada para recoger los testimonios claves y evaluar las pruebas sobre la agresión sexual ocurrida el pasado 15 de septiembre a bordo de un autobús escolar.
Discrepancia de versiones y acción fiscal
De acuerdo con los partes policiales, el presunto intento de abuso se registró alrededor de las 8:00 p. m. en el área común de las duchas del centro juvenil, presuntamente frente a otros cuatro internos. La denunciante precisó que el ataque guarda características sumamente similares al modus operandi materia del proceso principal. No obstante, debido a las discrepancias y versiones contradictorias iniciales de las partes en torno a la dinámica del asalto, las autoridades fiscales han tomado el control directo de las indagaciones.
La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, bajo la conducción de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo, asumió el caso de inmediato y abrió diligencias preliminares con un plazo estricto de actuación urgente. Entre las principales directivas ordenadas por el Ministerio Público figuran la toma de declaraciones de la víctima y del presunto agresor (en presencia de sus tutores legales), exámenes médicos de ley ante el Instituto de Medicina Legal, así como una inspección técnica de Maranguita para verificar si las cámaras de videovigilancia internas captaron el movimiento de los escolares.
Medidas institucionales de contingencia
Tras la difusión pública de la denuncia, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) emitió un pronunciamiento informando la activación de los protocolos de seguridad interna, ordenando el 封锁 y aislamiento preventivo del menor acusado hacia un área de contención separada del resto de sus compañeros del Liceo Naval. Cabe precisar que los seis escolares involucrados cumplían conjuntamente una medida cautelar de cuatro meses de internamiento preventivo dictada el 18 de septiembre.
Por su parte, representantes de la Defensoría del Pueblo ingresaron al establecimiento penitenciario de menores para supervisar las condiciones físicas del afectado, exigiendo formalmente que las autoridades judiciales y el centro juvenil transparenten si existieron negligencias en los sistemas de custodia o si el personal a cargo ignoró alertas previas de descontrol.
Deja una respuesta