La política cusqueña acaba de encontrar su primer gran campo de batalla después de las elecciones municipales: Caja Cusco. Y no se trata de una disputa menor ni de una diferencia administrativa entre autoridades. Lo que está en juego es el futuro de una institución financiera que durante años ha sido presentada como uno de los principales activos económicos de la ciudad.
El alcalde electo del Cusco, Albert Arenas, ha pedido detener el ingreso de BID Invest como accionista de Caja Cusco. La operación contempla un aporte de aproximadamente 65 millones de soles a cambio del 7,5 % de las acciones, mientras la Municipalidad Provincial mantendría el 92,5 % de participación. La operación ya cuenta con acuerdos societarios y autorización de la SBS.
Aquí comienza el verdadero debate político.
Una cosa es cuestionar una operación por razones políticas y otra muy distinta es demostrar que perjudica los intereses de la ciudad. Arenas ha planteado una alternativa: que la municipalidad deje de recibir utilidades y permita que esos recursos permanezcan en Caja Cusco para fortalecer su capital. Es una propuesta que merece ser discutida con números, no con consignas.
Porque tampoco sería responsable rechazar automáticamente la llegada de un inversionista internacional. Si el nuevo capital permite ampliar créditos, fortalecer la institución, mejorar sus servicios y aumentar su capacidad financiera, podría convertirse en una oportunidad. Pero si la operación significa ceder participación estratégica sin beneficios suficientes para los cusqueños, entonces corresponde revisar sus condiciones.
El problema es que, como ocurre demasiadas veces en la política peruana, la discusión corre el riesgo de convertirse en una pelea entre autoridades salientes y entrantes.
Cusco no necesita otra guerra política. Necesita transparencia.
La población tiene derecho a conocer cuánto vale realmente Caja Cusco, cuánto recibirá la municipalidad en los próximos años, qué beneficios concretos obtendrá la institución con el nuevo accionista, cuáles serán las condiciones del acuerdo y qué riesgos asumiría la ciudad.
El alcalde electo tiene una obligación adicional: no convertir su oposición en una bandera política sin presentar una alternativa financieramente sostenible. La actual administración municipal, por su parte, tiene la responsabilidad de explicar por qué considera conveniente cerrar una operación que compromete una parte del accionariado de una entidad estratégica.
Caja Cusco no pertenece políticamente a una gestión municipal. Es un patrimonio institucional que debe administrarse pensando en varias generaciones de cusqueños.
El debate recién comienza. Y quizá sea la primera prueba política de Albert Arenas antes de asumir el cargo: demostrar que fiscalizar no significa paralizar, pero tampoco gobernar significa aprobar todo lo que dejó firmado la administración anterior.
Cusco merece saber qué se está negociando con su dinero.
Y esta vez, antes de que se firme la última página, la ciudadanía debería tener la primera palabra.
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