La justicia electoral de Brasil impuso a Meta una multa de 7,5 millones de reales, equivalente a aproximadamente 1,3 millones de dólares, por incumplir disposiciones judiciales relacionadas con el tratamiento igualitario de las candidaturas durante las elecciones presidenciales de 2026.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que determinó que la compañía responsable de Facebook, Instagram y WhatsApp no cumplió dentro de los plazos establecidos varias medidas destinadas a esclarecer denuncias sobre diferencias en la distribución y alcance de contenidos políticos durante la campaña presidencial.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la coalición que respaldó la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación señalaba posibles restricciones en la difusión de publicaciones del entonces candidato y un tratamiento diferenciado frente a los contenidos relacionados con Flávio Bolsonaro.
Entre las cuestiones analizadas figuraron el alcance de publicaciones políticas, la suspensión o desactivación de cuentas y anuncios, la identificación de publicidad electoral, el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial y la información proporcionada por Meta para permitir la fiscalización de sus plataformas.
El tribunal estableció que parte de las órdenes judiciales fueron atendidas fuera de plazo, mientras que otras recibieron respuestas incompletas o insuficientes. También observó dificultades para verificar determinados datos debido a la forma en que fueron presentados.
La sanción corresponde a penalidades acumuladas durante el periodo comprendido entre el 17 y el 25 de octubre. La resolución, sin embargo, no concluyó que Meta hubiera actuado deliberadamente para favorecer a una candidatura. El TSE consideró que esa eventual responsabilidad requeriría una investigación adicional y pruebas suficientes.
Meta ha rechazado las acusaciones de parcialidad política y sostiene que sus plataformas aplican las mismas reglas a los candidatos. La empresa también atribuyó algunas diferencias detectadas a factores técnicos, características de las campañas y mecanismos de seguridad implementados en sus servicios.
El caso mantiene abierto el debate sobre el papel de las grandes plataformas digitales en los procesos electorales y la necesidad de garantizar transparencia, igualdad de condiciones y mecanismos eficaces de fiscalización durante las campañas políticas.
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