La Arquidiócesis de Nueva York formalizó un acuerdo histórico por 804,25 millones de dólares para compensar a aproximadamente 1.300 personas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del clero católico. El convenio, considerado uno de los mayores acuerdos de indemnización de la Iglesia católica en Estados Unidos, quedó oficialmente vigente este 5 de noviembre de 2026.
El acuerdo pone fin a más de siete años de litigios relacionados con denuncias de abuso sexual presentadas contra sacerdotes y otras personas vinculadas con instituciones religiosas. Las demandas también involucraron a parroquias, colegios, organizaciones benéficas y otras entidades asociadas a la arquidiócesis.
Según los términos establecidos, el fondo total destinado a las víctimas asciende a 804,25 millones de dólares. De esta cantidad, aproximadamente 619,25 millones ya fueron aportados para constituir un fideicomiso encargado de administrar las compensaciones. Los 185 millones restantes deberán entregarse durante los próximos 15 meses.
La negociación fue impulsada por los representantes legales de los sobrevivientes y las autoridades eclesiásticas, después de años de procesos judiciales que pusieron bajo cuestionamiento la actuación institucional frente a las denuncias de abuso sexual.
Para reunir los recursos económicos, la arquidiócesis recurrió a diferentes mecanismos, entre ellos la venta de propiedades, la reducción de gastos administrativos, el traslado de sus oficinas a instalaciones más económicas y las contribuciones voluntarias de algunas parroquias y organizaciones vinculadas a la Iglesia.
El acuerdo se convirtió en el segundo más elevado de su tipo en Estados Unidos, solamente superado por el alcanzado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2024, que comprometió 880 millones de dólares para indemnizar a sobrevivientes.
Además de las compensaciones económicas, el convenio contempla mantener disponible una relación de integrantes del clero señalados de manera creíble por abusos sexuales y preservar documentación histórica relacionada con las denuncias, respetando las restricciones legales y de confidencialidad.
El caso representa un nuevo capítulo en la crisis de abusos sexuales que ha afectado a la Iglesia católica durante décadas y evidencia las consecuencias económicas, judiciales e institucionales de no haber protegido oportunamente a las víctimas.
La indemnización constituye un avance en el reconocimiento del daño sufrido por los sobrevivientes, aunque ninguna compensación económica puede borrar las consecuencias personales y psicológicas de los abusos.
Deja una respuesta