La visita del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, a la ciudad del Cusco estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con el proceso judicial que enfrenta por presuntos actos de corrupción durante su gestión como director ejecutivo de Agro Rural, entre junio de 2015 y febrero de 2016.
Durante su presencia en la Ciudad Imperial, el titular del sector fue abordado por periodistas que solicitaron explicaciones sobre la acusación fiscal y el reciente auto de enjuiciamiento dispuesto por el Poder Judicial. Sin embargo, el funcionario evitó profundizar en las interrogantes y dio por concluido el intercambio con la prensa.
El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en el proyecto de mejoramiento de canales de irrigación de Tomaykichwa, ubicado en la provincia de Ambo, región Huánuco, cuya inversión superó los S/23 millones.
Según la investigación del Ministerio Público, durante la gestión de Vinelli se habrían autorizado ampliaciones de plazo y una intervención económica a favor de la empresa contratista, pese a que la supervisión había recomendado resolver el contrato debido al abandono de los trabajos. También se cuestionan modificaciones al contrato de supervisión y la aprobación de un presupuesto adicional de S/323.051.
La Fiscalía sostiene que estas decisiones habrían permitido desembolsos por aproximadamente S/18,7 millones a empresas contratistas y supervisoras presuntamente favorecidas.
El pasado 27 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó auto de enjuiciamiento contra Vinelli y otros 12 investigados, rechazando previamente 16 solicitudes de archivo presentadas por las defensas.
El Ministerio Público solicita cuatro años de prisión por presunta colusión simple o, alternativamente, cinco años y cuatro meses por negociación incompatible. Asimismo, plantea tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Por su parte, Vinelli ha rechazado las imputaciones y sostiene que no participó en acuerdos irregulares con las empresas involucradas. Su defensa también ha cuestionado la decisión judicial y presentó una impugnación contra el auto de enjuiciamiento.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento la permanencia de altos funcionarios en el Ejecutivo mientras afrontan procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública. El desarrollo del juicio determinará las responsabilidades correspondientes.
Deja una respuesta