En una posición técnica y política que fija una clara distancia frente a las corrientes de opinión parlamentarias y las promesas de campaña de diversos sectores oficialistas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, ratificó que el Poder Ejecutivo no ha evaluado ni discutido una eventual salida del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El titular del sector calificó la posibilidad de un retiro definitivo como «un problema muy complejo que entraña varias etapas» tanto legales como diplomáticas, descartando que una medida de tal envergadura se encuentre en los planes inmediatos del Gobierno.
Durante una entrevista concedida esta mañana a RPP Noticias, Álvarez remarcó de manera tajante que la iniciativa para apartar al Estado peruano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no ha formado parte de la agenda del Consejo de Ministros ni ha sido coordinada directamente con la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi. El ministro enfatizó que las discusiones sobre la denuncia del Pacto de San José corresponden, por el momento, estrictamente al fuero del debate ideológico y legislativo del Parlamento Nacional, mas no a una política de Estado coordinada desde Palacio de Gobierno.
Una advertencia sobre la justicia nacional
El ministro de Justicia extendió su análisis hacia las implicancias que tendría un eventual aislamiento jurídico del Perú. En un ejercicio de autocrítica sobre las deficiencias estructurales del aparato estatal, Álvarez advirtió que la administración de justicia local arrastra niveles crónicos de fragilidad y desconfianza pública. En ese sentido, señaló que el sistema internacional actúa como un contrapeso fundamental para los ciudadanos. «No es posible pensar en salir de un sistema que frena arbitrariedades, sobre todo cuando no somos capaces de construir un sistema de justicia confiable», aseveró el funcionario, poniendo en relieve que la instancia de San José se erige como la última línea de defensa frente a posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el país.
Asimismo, sugirió que la vía correcta para canalizar las discrepancias del Estado peruano con respecto a ciertos fallos emitidos en materia de terrorismo o reparaciones civiles no es la ruptura, sino la reforma interna. Planteó que el Gobierno tiene la oportunidad de articular esfuerzos diplomáticos con otros países de la región para impulsar cambios metodológicos dentro de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA), optimizando los criterios de selección de los magistrados de la Corte IDH y de los comisionados de la CIDH para asegurar una mayor predictibilidad jurídica.
La verdadera agenda en seguridad
Este contundente pronunciamiento cobra una relevancia estratégica al emitirse en las vísperas del anunciado viaje oficial de la mandataria a la República de El Salvador, programado con el objetivo de sostener una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele. Diversos analistas preveían que la cita serviría para endurecer el discurso gubernamental en materia de derechos humanos y presionar por el desvinculamiento internacional; sin embargo, las precisiones del ministro Álvarez redireccionan la postura del Ejecutivo hacia soluciones institucionales internas.
Álvarez subrayó que el debate real sobre el control del orden público y el combate frontal a las organizaciones criminales transnacionales debe enfocarse en optimizar los servicios de inteligencia nacional, proveer de un marco de protección legal robusto a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales mediante el fortalecimiento de las fiscalías corporativas y el Poder Judicial, sin necesidad de vulnerar los compromisos internacionales firmados por el Estado peruano.
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