Rondas campesinas asumieron la seguridad ciudadana en Quispicanchi y sometieron a castigo comunitario a presunto implicado en robos a viviendas
La inacción de las instituciones del Estado volvió a desencadenar la aplicación de la justicia especial en la provincia de Quispicanchi. Ante la falta de respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del cuerpo de Serenazgo local frente a los constantes delitos en el distrito de Urcos, las rondas campesinas y los pobladores del sector tomaron de forma directa el control de la seguridad ciudadana. La movilización comunal derivó en la captura de Cristian Quispe Vázquez, natural del centro poblado de Unut, a quien la población señala directamente como responsable de múltiples robos a viviendas en la zona.
Lejos de poner al intervenido a disposición de las autoridades judiciales ordinarias, las bases comunales —con el respaldo de representantes de la Cuenca Huancarnayo y vecinos organizados— aplicaron sus propios métodos de corrección. El detenido fue sometido a un pasacalle por las principales arterias de la localidad portando un cartel donde admitía los ilícitos imputados. Según los dirigentes ronderos, esta medida busca enmendar la conducta del individuo mediante sanciones ejemplares de carácter comunitario, amparándose en las facultades que les otorga el marco legal de la justicia especial.
Debilidad institucional en zonas altoandinas
El incidente registrado en Urcos evidencia un fenómeno en constante expansión a lo largo de la región Cusco y el sur andino, donde la justicia comunal reemplaza de facto a las instituciones oficiales. Ante la escasa presencia del aparato estatal en la prevención del delito y la lentitud del sistema penal, las organizaciones sociales legitiman su actuar como la única alternativa eficaz de autodefensa.
Este escenario no solo refleja la pérdida de autoridad del Estado en el ámbito rural, sino que reafirma cómo el descontento popular termina desplazando la legalidad ordinaria en favor del control territorial rondero.
