Con carteles en mano pobladores demandan continuidad del proyecto
Los pobladores de la zona realizaron un plantón en las inmediaciones de la obra paralizada del puente Enrique P. Mejía, exigiendo al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, que cumpla con la continuidad del proyecto. Ya que su paralización ha generado malestar entre los ciudadanos, quienes consideran que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad de priorizar el desarrollo de obras públicas esenciales.
Algunos manifestantes denunciaron posibles actos de corrupción en el manejo del proyecto, señalando que el ingeniero que elaboró el expediente técnico ahora ocupa el cargo de supervisor de la obra. Este aparente conflicto de intereses ha incrementado la desconfianza hacia las autoridades encargadas, ya que consideran que no existe una supervisión imparcial que garantice la correcta ejecución del puente. Ante esta situación, los pobladores han solicitado la intervención inmediata de la Contraloría General de la República para investigar y esclarecer las irregularidades.
Por su parte, el gerente de infraestructura había anunciado que las obras se reiniciarían el 28 de diciembre del 2024 pero, hasta el momento no se ha cumplido con dicho compromiso. La falta de avances ha generado una mayor indignación entre la población, que reclama transparencia y cumplimiento de los plazos establecidos. Este incumplimiento no solo afecta la confianza en las autoridades, sino también el desarrollo económico y social de la ciudad de Sicuani, ya que el puente es vital para la actividad comercial y el tránsito vehicular y de personas.
Ante este panorama, es fundamental que el gobierno regional establezca un diálogo directo con los pobladores para atender sus demandas y explicar las razones detrás de la paralización. Además, se requiere una auditoría independiente para identificar posibles actos de corrupción y garantizar que los recursos públicos sean invertidos de manera adecuada.
Cabe recordar que, la obra del puente Enrique P. Mejía fue inicialmente presupuestada en 16 millones de soles, una cifra considerable para un proyecto de infraestructura en la ciudad de Sicuani. Sin embargo, el retraso en su ejecución ha generado preocupación entre los pobladores, quienes temen que el dinero destinado a la obra pueda no ser utilizado de manera eficiente. Esta situación ha aumentado las sospechas de corrupción, ya que no solo se cuestiona la paralización de los trabajos, sino también la falta de transparencia en la asignación y uso de los recursos.
Lo más indignante es, el ING que elaboró el expediente técnico ahora supervisa la obra. Con esto añade una capa de complejidad a la situación. La población percibe este cambio como un posible conflicto de intereses que pone en duda la transparencia del proceso de ejecución.
Las autoridades deben aclarar esta situación y demostrar que las decisiones relacionadas con la obra se toman de manera objetiva y en beneficio del bienestar de la población.
