Tema: Salhuana

El proyecto del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, permitiría que mineros informales vendan su metal impuro al banco del Estado sin regular su origen, facilitando la legalización de los 6 mil millones de millones de dólares que mueven al año. La iniciativa destapada por Perú21 está en la Comisión de Energía y Minas, dominada por el Bloque Magisterial, aliado de Confemin

Quiere que el Estado se convierta en comprador del metal dorado sucio. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se batió en duelo por su proyecto de ley, revelado por Perú21, que permitiría a los mineros informales vender su oro impuro al Banco de la Nación.

Esta iniciativa —tal como lo destapamos el domingo 16— busca que los mineros informales de Confemin y otros gremios puedan comercializar su millonario mineral con el Banco de la Nación, sin poner controles sobre su origen.

El viernes último, Salhuana defendió su propuesta en diálogo Perú21, en conferencia de prensa, afirmando que el Banco de la Nación podrá adquirir el oro de los mineros en proceso de formalización, y los que se encuentren en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia acaba en julio, y que podrá tener una prórroga única hasta fin de año.

«La idea de mi proyecto de ley es que se compre el oro a los mineros en proceso de formalización, aquellos que están legalmente autorizados a realizar operaciones auríferas, no al sector ilegal, que hay que tratarlos como señala el Código Penal y las leyes del país», apuntó.

Al ser consultado de que los mineros informales no están formalizados, y cuál es el candado que pondrá de trazabilidad para saber que la fuente que proviene el oro sea legal, contestó: «Ese es el problema. Se mira desde Lima y no se entiende la naturaleza del fenómeno de la pequeña minería. El tema es que un minero en proceso de formalización, según las leyes vigentes en el país y los reglamentos, está autorizado a operar y vender el oro; ese señor, que está en una determinada cuadrícula o área geográfica, si el Estado le autoriza a operar, le autoriza a comercializar. ¡Qué mejor que el Estado le compre para aumentar las reservas internacionales!».

En otro momento, recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) posee actualmente la potestad de comprar oro.

No obstante, Salhuana no respondió cuáles serán las medidas que incluirá, en su proyecto, para detectar que ese oro que venden los mineros informales no tenga procedencia oscura o ilegal.

La falta de un sistema de trazabilidad y fiscalización podría convertir al banco estatal en un puente para el blanqueo de capitales del oro ilegal, ha alertado a este diario el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez.

NO ES LA ÚNICA PROPUESTA

La norma, que se encuentra en la Comisión de Energía y Minas, beneficiaría a gremios como Confemin, que mueve 6 mil millones de dólares anuales en oro sucio e informal. La comisión es presidida por Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, bancada aliada de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, Confemin.

Sin embargo, expertos advierten que el proyecto es un riesgo latente de lavado de activos, ya que permitiría que oro de procedencia dudosa ingrese sin restricciones al mercado legal.

Los congresistas de Honor y Democracia, Jorge Montoya, y de Podemos, Jorge Flores Ancachi, también han presentado proyectos de ley sobre ese mismo tema, lo que evidenciaría un interés transversal en favorecer la venta de oro sin trazabilidad. Sin embargo, el congresista Montoya ha señalado a Perú21 que su proyecto obligará a que los mineros informales se formalicen, y que es muy difícil conocer la procedencia del origen del oro, es decir, si es extraído de forma pura, o está mezclado de procedencia ilegal, o si es que tiene un origen ilegal, o sea si puede estar manchado con sombras de crimen o pólvora.

De otro lado, Confemin posee un plan B en camino, esto debido a que el debate de la Ley MAPE, que busca la formalización, está en camino. Perú21 reveló el viernes que -en su propuesta para la Ley MAPE— no solo propone que el Banco de la Nación le compre su oro sino que les abra cuentan bancarias VIP, con trato preferencial, para que puedan comercializar su oro no solo a través de esa entidad sino con otros actores del mercado.