La falta de resolución de interferencias y disputas territoriales detienen uno de los proyectos de saneamiento más importantes del país
El proyecto Vilcanota II, considerado una de las obras de saneamiento más relevantes para la región sur del Perú, enfrenta la amenaza de suspensión por múltiples trabas administrativas y conflictos sociales.
La obra busca llevar agua potable a más de 500 mil habitantes del Cusco, con una inversión superior a los 250 millones de soles. Sin embargo, su ejecución se encuentra estancada por decisiones y demoras de funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
Obstáculos administrativos y sociales paralizan Vilcanota II
El desarrollo del acueducto Vilcanota II ha sido obstaculizado desde sus inicios. Según el vicedecano del Colegio de Ingenieros del Cusco, José Humberto Cabezas Mancilla, varios frentes de trabajo permanecen bloqueados. Los tramos que atraviesan Oropesa y Saylla enfrentan la oposición activa de comunidades locales y asociaciones ganaderas.
Además, el acceso al reservorio R-12 está restringido por comuneros que reclaman la propiedad de las vías de acceso. Se suma la presencia de terrenos con procesos judiciales vigentes, situación que impide liberar completamente las áreas necesarias para los trabajos.
Las demoras en el otorgamiento de permisos por parte de Provías Nacional y la aparición de restos arqueológicos complicaron aún más el cronograma del proyecto. Cada una de estas interferencias ha causado pérdidas económicas y ha puesto en riesgo la continuidad de la obra.
El Colegio de Ingenieros advierte que dejar inconcluso este proyecto significa perder una oportunidad clave para optimizar la gestión del agua, la salud pública y la resiliencia de la ciudad frente al incremento poblacional y los efectos del cambio climático.
Riesgo de perder S/250 millones por retrasos en Vilcanota II
El caso de Vilcanota II no es aislado. Un antecedente reciente se puede observar en la megaobra La Nueva Rinconada, en Lima, también paralizada temporalmente por disputas similares.
Esta obra, que buscaba beneficiar a más de 500 mil familias en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, estuvo a punto de detenerse debido al accionar de algunos funcionarios de Sedapal. Las demoras en la resolución de interferencias técnicas y la falta de acción administrativa generaron protestas masivas de los vecinos afectados, quienes reclamaron la reactivación del proyecto.
La situación se complicó con la salida de altos funcionarios de Sedapal acusados de obstaculizar los avances. Entre ellos, la ingeniera Paula Olarte, quien fue trasladada posteriormente al PNSU.
Según denuncias, se repite un patrón: al contratista se le atribuye la responsabilidad por los retrasos, se le imponen penalidades e incluso se amenaza con la resolución de contrato, mientras que las autoridades retrasan la atención de interferencias y trámites clave. Esto genera un entorno que dificulta la ejecución de los trabajos y perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la población.
