En el marco de sus primeras acciones de gestión, el Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que solicita la delegación de facultades legislativas por un período de 120 días calendario. Esta iniciativa tiene como objetivo prioritario recuperar el orden interno, destrabar las inversiones e iniciar una modernización integral del aparato público.
El primer ministro, Luis Galarreta, junto al gabinete ministerial, sustentó que la medida responde a la urgencia de legislar de manera ágil ante la crisis de inseguridad delictiva y las amenazas climáticas del fenómeno El Niño que enfrenta el país.
Intervención militar en penales y lucha contra el crimen
En materia de seguridad ciudadana, la propuesta faculta al Ejecutivo a disponer la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, control y resguardo operativo del sistema penitenciario nacional. El objetivo directo es desarticular las redes criminales que operan desde los establecimientos de reclusión. Paralelamente, se promoverá la inversión privada para el diseño, construcción y administración de nuevas cárceles productivas.
Flexibilidad laboral y racionalización de feriados
El paquete normativo incluye reformas de alto impacto para el sector empleo. El Ejecutivo busca obtener competencias para adecuar los beneficios laborales (tales como vacaciones, CTS y horas extra) mediante acuerdos individuales o colectivos que dinamicen el mercado. Del mismo modo, el proyecto plantea reevaluar el calendario nacional para reducir o consolidar los días feriados, bajo la premisa de impulsar la competitividad del comercio y las industrias.
Reactivación económica y fin a topes de tasas de interés
En el ámbito financiero, el gobierno impulsa el des-trabe de proyectos mineros y energéticos mediante la drástica reducción de barreras burocráticas y la simplificación de permisos ambientales. Entre las reformas más destacadas, se propone la derogación de la Ley 31143, eliminando los topes a las tasas de interés con el propósito de expandir el crédito formal. Adicionalmente, se plantea un ordenamiento tributario para reducir la dispersión de regímenes que afectan a las micro y pequeñas empresas (Mypes).
Reestructuración del aparato estatal
Finalmente, la propuesta legal abarca un eje de austeridad y eficiencia pública. De otorgarse las facultades, el Ejecutivo quedará autorizado a reorganizar, fusionar, dividir o disolver entidades, ministerios y organismos públicos que dupliquen funciones, garantizando que el personal con estabilidad laboral acceda a programas de incentivos voluntarios sin vulnerar sus derechos constitucionales.
El Poder Ejecutivo confía en que la representación nacional priorice el debate de esta solicitud en las próximas sesiones para dar inicio inmediato a la ejecución de las reformas estructurales que el país requiere.