Tema: Poder Judicial del Perú

  • Padre es detenido por presunto parricidio de su hija de dos años en Espinar

    Padre es detenido por presunto parricidio de su hija de dos años en Espinar

    Un sujeto identificado como Esaú Cabrera (26) es investigado por la Policía Nacional del Perú por el presunto delito de parricidio en agravio de su hija de dos años, luego de que la menor llegara sin vida al hospital con múltiples lesiones en el cuerpo en la provincia de Espinar.

    Al respecto, el jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, coronel Carlos Guizado, informó que el hecho fue reportado en la madrugada, cuando el propio padre trasladó a la menor hasta el establecimiento de salud. “Alrededor de las cinco de la mañana un señor trasladó a su menor hija de dos años al hospital porque presentaba lesiones. Estas lesiones, constatadas por el personal médico, presumiblemente habrían sido ocasionadas por golpes en el cuerpo y en el rostro”, explicó el oficial. Según indicó, cuando los agentes tomaron conocimiento del caso, la menor ya había llegado sin vida al hospital, por lo que inmediatamente se dispuso la intervención del padre.

    “En base a la información proporcionada por el médico se procedió a la detención inmediata del padre. Él presentaba visibles síntomas de ebriedad”, señaló Guizado. Las primeras diligencias permitieron establecer que los padres de la niña se encontraban hospedados en un hotel de la ciudad de Espinar al momento de los hechos. Tras la intervención policial, ambos fueron detenidos inicialmente para las investigaciones correspondientes.

    “Se detuvo a los padres de la menor por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio”, precisó el jefe policial. No obstante, horas después el Ministerio Público dispuso la libertad de la madre, mientras que Esaú Cabrera continúa detenido como presunto autor de las lesiones que habrían provocado la muerte de la menor. El coronel Guizado indicó que el caso aún se encuentra en etapa preliminar y que las circunstancias exactas de lo ocurrido serán determinadas durante la investigación.

    “En hechos de homicidio siempre se configuran distintas versiones. Lo principal es que se ha detenido al presunto autor. Las demás hipótesis se determinarán con las investigaciones”, manifestó. Asimismo, detalló que el detenido se encontraba en aparente estado de ebriedad y decía incoherencias, por lo que se espera que recupere la lucidez para tomarle su declaración formal. “Todavía estamos esperando que se encuentre en un estado ecuánime para poder realizar las declaraciones formales y determinar qué ocurrió exactamente”, añadió.

  • PJ impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropello y muerte de Lizeth Marzano

    PJ impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropello y muerte de Lizeth Marzano

    El juez Adolfo Fernando Farfán, del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió el requerimiento del Ministerio Público en el marco de la investigación contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano.

    El Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, en el marco de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, a quien atropelló en el distrito de San Isidro. Así lo determinó el juez Adolfo Fernando Farfán, del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que acogió el requerimiento del Ministerio Público contra Villar por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

    Entre los argumentos que señaló el juez para declarar fundado el requerimiento de Fiscalía mencionó que no quedaron demostrados los arraigos presentados por la defensa de Villar. Asimismo, señaló un intento de obstaculización por parte de su familia tras el accidente que causó la muerte de Lizeth Marzano. La defensa de Adrián Villar indicó que interpondrá un recurso de apelación a la medida anunciada por el magistrado, mientras que el Ministerio Público se mostró conforme con la decisión del juez.

    Ahora, el procesado será trasladado a la carceleta del Poder Judicial, donde esperará que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), clasifique el penal en el que cumplirá con esta medida. Precisamente en los exteriores de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú, ya hay un patrullero que llevaría a Villar a la sede judicial, a fin de que sea puesto a disposición.

  • Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario de Pedro Castillo en caso ‘Los Niños

    Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario de Pedro Castillo en caso ‘Los Niños

    El exmandatario Pedro Castillo y un grupo de congresistas son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado

    El Poder Judicial confirmó la autorización judicial que permitió levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas por el caso ‘Los Niños’. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar «infundado» el recurso de apelación que presentó la legisladora de la bancada de Acción Popular, Silvia Monteza, para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley el 21 de abril del 2,025.

    En dicha resolución, el magistrado declaró «fundado en parte» el requerimiento que hizo el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se levante el secretario bancario  de Monteza y los demás implicados en este caso respect o al periodo comprendido entre el 21 de julio del 2021 al 31 de diciembre del 2022.

    La defensa legal de la legisladora sostenía que en la resolución apelada no se consideró que su patrocinada goza de inmunidad parlamentaria, por lo que se está vulnerando el procedimiento especial para el procesamiento penal de altos funcionarios, el requerimiento fiscal desde su interposición resulta absolutamente nulo de pleno derecho porque se ha realizado sin autorización previa del Congreso de la República y que el mismo no supera el test constitucional de proporcionalidad ni se ha demostrado que la medida sea idónea necesaria y ponderada ni tampoco se acreditar que la información bancaria sea imprescindible para esclarecer los hechos.

    No obstante, el tribunal supremo determinó que la recurrente no ha demostrado que la resolución impugnada incurre en los agravios que plantea en su recurso de apelación ni tampoco se desvirtúan los fundamentos que sustentan la decisión recurrida. «Por consiguiente, se debe destinar el recurso y ratificar la decisión venida en grado». «Alegar que, por su condición de congresista, la recurrente no es pasible de ser investigada por presuntos hechos delictivos carece de asidero legal porque no contraviene norma constitucional ni legal alguna», indicó la sala suprema. El colegiado supremo remarca también que el requerimiento fiscal está sustentado con suficientes elementos de convicción que persuaden de la existencia de sospecha razonable y además, la idoneidad y la necesidad de la medida se manifiestan porque la información bancaria requerida contribuirá a determinar o descartar las imputaciones que le atribuye la Fiscalía.

    Organización criminal y tráfico de influencia

    El 25 de julio del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas, incluida la legisladora Silvia Monteza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz del caso ‘Los Niños’.

    El Ministerio Público atribuye a dicho grupo de parlamentarios ser parte de una presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’ que habría encabezado el entonces presidente Pedro Castillo, a través de la cual habrían ofrecido votar en contra de mociones de vacancia y censura solicitadas en contra del exmandatario y de los integrantes de sus gabinete ministerial, así como votar a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el exjefe de Estado a cambio de que estos legisladores manejen ministerios u oficinas públicas descentralizadas.