El caso, que también comprende una investigación por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, se remonta al momento en que Dina Boluarte fue parte de la campaña electoral de Perú Libre, por lo que la mandataria no tiene la condición de «aforada».
El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que concluya la investigación preliminar seguida a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas en la campaña electoral del 2021, cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.
El juez Fernando Valdez Pimentel adoptó esta medida al declarar «fundada» una solicitud de control de plazo que presentó la defensa legal de la mandataria, para que se ordene a la Fiscalía concluir esta investigación preliminar.
A través de una resolución emitida el último 13 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado ordenó que la Fiscalía a cargo del caso debe emitir la disposición en la que se concluya está investigación preliminar y realizar el pronunciamiento que corresponda; es decir, si archiva el caso o formaliza una investigación preparatoria contra Boluarte Zegarra por estos hechos que ocurrieron cuando no tenía la condición de “aforada».
Defensa de Dina Boluarte en contra de ampliaciones de la investigación
La defensa legal de la jefa de Estado alega que el 19 de enero del 2023 iniciaron las diligencias preliminares por el plazo de ocho meses, las cuales vencieron el 16 de septiembre de ese año, por lo que se realizaron tres ampliaciones del plazo de la investigación preliminar.
Así, se señala que las ampliaciones van en contra de lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a que, una vez vencido el plazo primigenio, no se puede ampliar ni prolongar está investigación preliminar.
Al respecto, el Ministerio Público pidió rechazar la solicitud de la defensa legal de la mandataria, al señalar que se trata de un caso que comprende delitos de lavado de activos, financiamiento ilegal de partidos políticos, organización criminal y otros; y, debido a la modalidad de actos de investigación complejos, se estableció el plazo máximo de las diligencias preliminares de 36 meses, que vence recién en enero de 2026.
No obstante, el juez Fernando Valdez determinó que, según la reciente doctrina jurisprudencial, en este caso – una vez vencido el plazo primigenio de la investigación preliminar – no corresponde su ampliación, sino su conclusión.
«A la fecha de hoy, han trascurrido aproximadamente un año y once meses — incluso at portas de concluir los tres años [en enero de 2026] — tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, el control de plazo debe declararse fundado”, precisó el magistrado en su resolución.
El magistrado remarcó también que todos los actos procesales, realizados por la Fiscalía posteriores al 16 de setiembre de 2023, mantienen su plena validez.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (tercer despacho) también investiga a la Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes de este partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón.
