La falta de supervisión por parte de instituciones como SUNAT, SUNAFIL, OSITRAN, OSINERGMIN y la Fiscalía genera gran preocupación
La falta de acción contribuye a la vulneración de derechos laborales, la disminución en la recaudación tributaria y la desprotección del santuario natural, impactando también la reputación de esta maravilla mundial
Han pasado varias semanas desde que la empresa San Antonio de Torontoy fue evidenciada por cometer dolo en el proceso convocado por la municipalidad de Urubamba, lo que llevó a la anulación del contrato suscrito. Sin embargo, esta empresa ha seguido operando clandestinamente en Machu Picchu, ofreciendo servicios de transporte en la ruta Hiram Bingham, generando un alto riesgo para los turistas que visitan esta maravilla del mundo.
Además, estas actividades estarían relacionadas con irregularidades en el transporte de pasajeros entre Puente Ruinas y la Ciudad Inca de Machu Picchu, empleando combustible sin cumplir con las disposiciones legales vigentes. Resulta preocupante que ninguna de las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de la población haya tomado acciones concretas frente a estas irregularidades. Solo han emitido declaraciones figuras como el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, quien afirmó que «Machu Picchu se ha convertido en tierra de nadie».
Por su parte, el titular de Osinergmin denunció la existencia de tráfico de combustibles destinados a abastecer a esta empresa ilegal. Estas situaciones no solo comprometen la seguridad de los visitantes, sino que también afectan gravemente la imagen de Machu Picchu, exponiendo la falta de respeto a las leyes en un símbolo nacional e internacionalmente reconocido. Es particularmente llamativo que, además de Osinergmin, SUNAT tampoco haya realizado fiscalizaciones con respecto al tráfico de combustible. Presuntamente, se estarían utilizando hidrocarburos exonerados del pago del IGV, beneficio dirigido a zonas amazónicas como la provincia de La Convención.
Este combustible sería trasladado posteriormente hacia Machu Picchu Pueblo, desvirtuando los objetivos del beneficio fiscal y demostrando lo sencillo que resulta obtener combustibles irregularmente. Esto podría facilitar actividades delictivas como minería ilegal o narcotráfico. Recientemente surgieron entrevistas a representantes de Osinergmin en Cusco que parecen manipuladas, sugiriendo que el transporte del combustible se realiza en pequeñas cantidades. Sin embargo, esta afirmación es inexacta, ya que diversas personas transportan cantidades menores que, en conjunto, terminan abasteciendo a esta empresa ilegal.
Adicionalmente, este combustible es transportado mediante trenes públicos, medios inapropiados para tal propósito, poniendo en riesgo a los pasajeros. Cabe recordar que la vía restringida por la cual se presta el servicio solo es accesible mediante ferrocarril. Por otra parte, SUNAFIL tampoco ha implementado acciones claras respecto a esta situación. Imágenes recientes muestran cómo los trabajadores de la empresa cargan grandes bidones de combustible sin las mínimas condiciones de seguridad, arriesgando su integridad física. Además, la empresa ha declarado únicamente 11 trabajadores en su planilla, lo cual sugiere que podría haber personal laborando sin que se respeten las normativas laborales.
Tampoco se evidencia intervención por parte de la Policía Nacional ni del Ministerio Público para sancionar el traslado ilegal de combustibles en una zona protegida como Machu Picchu. Un accidente asociado con esta práctica no solo supondría la pérdida de vidas humanas, sino también un grave atentado contra el patrimonio cultural y natural inscrito en la lista de la UNESCO.
Existen reportes e imágenes que muestran personas transportando bidones y baldes con combustible desde vagones ferroviarios, incumpliendo las normativas para el uso de trenes y exponiendo a los pasajeros a peligros considerables. Esto refuerza la urgencia de una acción inmediata por parte de OSITRAN para garantizar el cumplimiento de las reglas sobre transporte ferroviario y evitar el uso clandestino e inseguro de los rieles. Machu Picchu no puede seguir siendo una «tierra de nadie».
Es imperativo que las instituciones del Estado cumplan con sus funciones y actúen con celeridad para mitigar riesgos, garantizar la seguridad y proteger este invaluable patrimonio. En paralelo, persiste la incertidumbre respecto al proceso de licitación para solucionar estos problemas en la ruta Hiram Bingham. El alcalde Ronald Vera se comprometió ante la Presidencia del Consejo de Ministros a abordar este tema; sin embargo.
