Tema: minería ilegal Cusco

  • Delitos de extorsión y minería ilegal aumentan y se convierten en las nuevas amenazas para el Cusco

    Delitos de extorsión y minería ilegal aumentan y se convierten en las nuevas amenazas para el Cusco

    El delito que más avanza en la región se vincula con las extorsiones, que subieron en 24% respecto al 2024

    La inseguridad ya se relaciona con actividades de extorsión de bandas criminales que operan en la ciudad del Cusco, mientras que en algunas provincias se ha puesto en evidencia el crecimiento sostenido de actividades de minería ilegal.

    En 2025, la extorsión fue el delito que aumentó en la región. Se registraron 14 casos por cada 100 mil habitantes. Eso equivale a 26% más que en 2024 y siete veces más que en 2019. La cifra, por sí sola, ya alerta de un problema que podría poner en aprietos a la ciudad y ahuyentar al turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20% de las víctimas denuncia los hechos, por lo que hay un subregistro de casos de extorsión en la ciudad.

    Minería en provincias Según datos oficiales, el crecimiento de la minería ilegal es otra actividad delictiva que ha aumentado el año pasado. En 2025, el Ministerio Público registró seis denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes en Cusco, un aumento de 50% respecto a 2020.

    La provincia de Chumbivilcas concentra casi la mitad de los casos. Le siguen Quispicanchi (14%) y La Convención (12%). En estas tres provincias, las denuncias por todo tipo de delitos crecieron 44% frente a 2019. No aparece en este mapeo la provincia de Paucartambo, donde también se desarrollan actividades mineras informales e ilegales.

    Los peligros Cusco no es cualquier región. Es uno de los principales destinos turísticos del país y, al mismo tiempo, un territorio por donde pasa el corredor minero del sur. El avance del crimen organizado pone en riesgo ambas actividades económicas. Por un lado, deteriora la imagen de seguridad que necesita el turismo. Por otro, generan conflicto en el mercado minero.

    La capacidad de respuesta del Estado, además, es limitada. Aunque Cusco cuenta con 462 policías por cada 100 mil habitantes (por encima del promedio nacional), la infraestructura no es la más adecuada. Cifras oficiales, de Contraloría y otras entidades, precisan que menos del 30% de las comisarías está en buen estado y el 40% no tiene servicios básicos adecuados. A esto se suma un presupuesto en retroceso. En 2026, se asignaron S/66 millones para proyectos de orden y seguridad, 13% menos que en 2025.

  • Fiscalía de La Convención alerta sobre avance de minería ilegal en zonas arqueológicas de Vilcabamba y Santa Teresa

    Fiscalía de La Convención alerta sobre avance de minería ilegal en zonas arqueológicas de Vilcabamba y Santa Teresa

    El Ministerio Público advierte que no se permitirá actividad extractiva en áreas protegidas tras detectar la reactivación de focos mineros durante el 2025.

    El Ministerio Público ha lanzado una enérgica exhortación a las autoridades locales y regionales para articular esfuerzos inmediatos en la defensa de los recursos naturales y el patrimonio incaico.

    El fiscal provincial penal, Oscar Santiago Benavides Luna, titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa de La Convención, confirmó la presencia de minería ilegal metálica en los distritos de Vilcabamba y Santa Teresa.

    Gracias a denuncias ciudadanas, las autoridades lograron recientemente la intervención de dos vehículos que transportaban metales auríferos en Vilcabamba, evidenciando un daño directo a ecosistemas críticos y a zonas con invaluable valor arqueológico que conectan con la historia del imperio inca. Pese a que en el año 2023 se logró la cancelación de diversas concesiones mineras en la zona, la Fiscalía reporta con preocupación un rebrote de actividades ilícitas, con cinco focos de extracción ilegal detectados en lo que va del 2025.

    Ante este escenario, el fiscal Benavides Luna fue enfático al señalar que el Ministerio Público ratificará la prohibición absoluta de cualquier actividad minera en estos sectores, debido a su condición de zona arqueológica declarada. La institución instó a las entidades competentes a reforzar la vigilancia para salvaguardar la integridad del territorio y evitar que intereses económicos ilegales sigan depredando el legado cultural y ambiental de la provincia.