El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este lunes el llamado ‘Plan Escudo Fronterizo’, una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.
Acompañado de una numerosa comitiva oficial, que incluye a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; de Interior, Claudio Alvarado, y de Defensa Nacional, Fernando Barros, Kast visitará bases militares y complejos fronterizos para coordinar el proceso que ya inició con la construcción de barreras. Además de profundizar las fosas ya existentes en la frontera y la excavación de nuevos surcos, el plan de Kast contempla la edificación de muros y rejas de hasta cinco metros de altura, la disposición de alambradas y el despliegue de tecnología militar y drones autónomos para aumentar la vigilancia.
Pocas horas después de haber asumido la Presidencia del país suramericano, el ultraderechista Kast firmó una serie de decretos centrados en la migración irregular, documentos donde ordenó a sus ministros «gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular», «modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino» y «la construcción de barreras físicas para sectores requeridos».
En la misma línea, Kast firmó un segundo decreto titulado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, que insta a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a «incrementar los medios militares» en la frontera norte, «mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos» y la «mejora de las comunicaciones».
La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8 % de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos. En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Chile, la mayoría integrados en el país y con un aporte a los ingresos fiscales del 1,03 % , equivalente al 0,15 % del PIB nacional, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Según cifras oficiales, los ingresos irregulares de personas han descendido un 54 % con respecto a la crisis que se presentó cuatro años atrás.
