El conflicto dejó pérdidas superiores a los 3,000 millones de dólares y un saldo de al menos 16 personas fallecidas.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una orden ofi-cial de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales.
Se le acusa de ser el principal promotor de las intensas protestas y bloqueos de carreteras que colapsaron las vías de comunicación del país.
El Ministerio Público imputa formalmente a Morales por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y asociación delictuosa. La investigación penal se originó tras una querella interpuesta por los liderazgos cívicos del departamento de Santa Cruz, a la cual se sumó posterior-mente el Ministerio de Gobierno.
Según los informes oficiales del Ejecutivo nacional, las movilizaciones causaron un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles, provocaron una emergencia sanitaria y generaron pérdidas económicas calculadas en más de 3,000 millones de dólares. Asimismo, las autoridades confirmaron que los enfrentamientos y la falta de paso médico vial provocaron al menos 16 muertes. La resolución judicial también alcanza a otros altos mandos sindicales que coordinaron las movilizaciones. Entre ellos figuran Marco Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y el líder campesino Vicente Salazar, quien ya cumple detención preventiva.
A través de sus cana-les oficiales en redes sociales, Evo Morales rechazó de forma contundente la orden de captura. El exmandatario afirmó que las acusaciones carecen de sustento legal y forman parte de una estrategia de «persecución política» por parte del gobierno para desviar la atención pública de la actual crisis social y económica.
Hasta el momento, Morales permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba, su histórico bastión político, rodeado por sindicatos de productores de coca y sectores leales que impiden el acceso de las fuerzas del orden. Esta orden se suma a un mandamiento de detención previo que pesaba sobre el líder político por un caso independiente de presunta trata agravada de personas.
