Tema: denuncia constitucional

  • Congreso inhabilitó por diez años a Delia Espinoza

    Congreso inhabilitó por diez años a Delia Espinoza

    La fiscal suspendida fue inhabilitada por no acatar la ley que devolvió a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares.

    Congreso inhabilitó por diez años a Delia Espinoza Delia Espinoza fue inhabilitada por no haber acatado la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.

    El Pleno del Congreso aprobó este miércoles inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter este caso a una votación.

    La inhabilitación de Espinoza Valenzuela toma lugar después de un primer intento fallido en la mañana, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional se archivó. La primera votación apenas obtuvo 63 de 68 votos requeridos para inhabilitar a Delia Espinoza. Pero los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron una reconsideración, por lo que la representación nacional volvió a votar.

    En una nueva votación, la suspendida titular del Ministerio Público fue suspendida con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

    Según el informe final que recomienda su inhabilitación, Espinoza Valenzuela en su condición de integrante de la Junta de Fiscales Supremos es acusada de no acatar a la Ley 3210, una normativa que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.

    Posteriormente, se presentaron reconsideraciones a la votación donde se aprobó abrir una causa penal contra Espinoza por los mencionados delitos. No obstante, el pedido fue desestimado, por lo que continuará el levantamiento del fuero y el expediente con la acusación constitucional se enviará la Fiscalía de la Nación.

    Al finalizar la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), saludó la inhabilitación de Delia Espinoza. “La desquiciada exfiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso”, escribió en X.

    Delia Espinoza señala que la denuncia constitucional es arbitraria. Durante su ponencia en el pleno, la magistrada Delia Espinoza consideró que esta denuncia constitucional tiene un carácter arbitrario, ya que responde a las denuncias que presentó contra los propios parlamentarios por diversos delitos.

    «Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha», manifestó.

    «Están más cómodos con un fiscal de la Nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo. Ahorita solamente está archivando, no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones», agregó.

    Espinoza también dijo que se ha topado con un «poder oscuro» cuya pretensión es quitarla del camino sin «ningún hecho relevante». «Ha quedado demostrado que no hay ningún hecho relevante, ha quedado públicamente demostrado que hay una arbitrariedad (…). Choqué con un poder oscuro que no me quiere, me refiero no al pleno sino a los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente», aseveró.

  • Comisión Permanente aprueba informe que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

    Comisión Permanente aprueba informe que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

    La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

    El informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 concluye que Castillo ejecutó una serie de acciones previas y posteriores al mensaje televisado en el que anunció el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, medidas que —señala el documento— carecen de sustento constitucional.

    Entre las acciones señaladas se encuentra la realización de reuniones cuyos contenidos no fueron esclarecidos, así como la orden a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para coordinar con TV Perú la transmisión del mensaje que rompía el orden democrático.

    El informe también indica que Castillo impartió instrucciones directas al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para cerrar el Parlamento, impedir el ingreso de cualquier persona, intervenir el Ministerio Público y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

    Además, según la investigación, habría solicitado reforzar la seguridad de su entorno y el de Betssy Chávez, hoy asilada en la Embajada de México.

    Por estas acciones, el documento establece que Castillo vulneró diversos artículos de la Constitución, específicamente aquellos relacionados con la libertad personal, los deberes ciudadanos, la legalidad del toque de queda, los límites del Poder Ejecutivo, la usurpación de funciones y la disolución irregular del Congreso.

    La acusación constitucional deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso en una próxima sesión, donde se definirá si procede la sanción de inhabilitación por diez años.

  • Comisión Permanente archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes durante protestas

    Comisión Permanente archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes durante protestas

    El informe final recaído en la Denuncia Constitucional 509 fue aprobado por la Comisión Permanente del Legislativo con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.

    La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509, presentada contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

    El documento se resolvió con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. La denuncia, formulada por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena, acusaba a la jefa de Estado de incurrir en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.

    La denuncia también incluía a varios exfuncionarios del Ejecutivo, entre ellos a Pedro Miguel Angulo Arana, ex presidente del Consejo de Ministros; a Luis Alberto Otárola Peñaranda, ex ministro de Defensa y titular del Consejo de Ministros; a los ex ministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández; así como al ex titular de la cartera de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.

    Cabe señalar que el informe fue aprobado previamente el 18 de julio en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña.

    “No existen elementos probatorios irrefutables”

    Durante la sustentación del informe, a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que no se hallaron pruebas suficientes para sustentar la denuncia.

    “No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”, sostuvo la legisladora.

    “Se ha determinado que en mérito a las pruebas aportadas y presentadas no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves (contemplados en) los artículos 181 y 122 del Código Penal, respectivamente”, agregó.

    Cuestionamientos y críticas

    La congresista Ruth Luque cuestionó la aprobación del informe y su contenido, cuya elaboración calificó como “ligera”, solo para impedir “que haya una investigación del Ministerio Público”.

    Asimismo, planteó una cuestión previa para que el informe regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero fue rechazada por voto dirimente de Ilich López, quien conducía la sesión, tras un empate 10 a 10.

    Los congresistas Flavio Cruz y Wilson Quispe también se pronunciaron en contra del informe y exigieron que se investiga el caso.

    “Estamos creando una memoria histórica nefasta”, afirmó Cruz.

    Finalmente, la solicitud de reconsideración presentada por el legislador Edgard Reymundo también fue desestimada.

  • PJ rechazó pedido de Dina Boluarte para anular denuncia constitucional por desactivar equipo que apoyó a Eficcop

    PJ rechazó pedido de Dina Boluarte para anular denuncia constitucional por desactivar equipo que apoyó a Eficcop

    El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos y validó las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso

    El Poder Judicial rechazó el pedido de la mandataria Dina Boluarte que pretendía anular la denuncia constitucional en su contra por desactivar el equipo especial que brindó apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

    El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos y validó las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso.

    En dicho recurso, la defensa legal de la jefa de Estado alegaba una presunta vulneración al derecho a la motivación, pues consideraba que no se justificaban las circunstancias para declarar el secreto de las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos “Rene” y “Carlos”, así como la ampliación de las declaraciones de Harvey Colchado Huamaní, Walter Lozano Pajuelo, Carlos Morán Soto y Jorge Carrillo García.

    ¿Qué dice la Resolución?

    Pese a los argumentos esgrimidos por la defensa de la jefa de Estado, el juez supremo Juan Carlos Checkley precisó que dicha solicitud fue presentada ante su despacho el último 29 de enero, cuando ya no tenía competencia para resolverla.

    Ello, debido a que la Fiscalía de la Nación ya había presentado esta denuncia constitucional el 08 de noviembre del 2024 ante el Congreso de la República.

    «En ese sentido, estando a que el presente proceso se encuentra en el fuero parlamentario, la tutela es desestimada», se puede leer en el documento.

  • Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Lucinda Vásquez

    Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Lucinda Vásquez

    Parlamentaria del Bloque Magisterial es acusada de filtrar exámenes de docentes en el año 2021

    La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional contra la legisladora Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial), por presuntamente cometer el delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.

    De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el caso está vinculado a la Prueba Única Nacional, utilizada como examen para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial, la cual fue aplicada el 13 de noviembre de 2021. Entre agosto y noviembre de 2021, la legisladora habría utilizado su posición para intervenir y favorecer a docentes en la región de San Martín.

    Las pesquisas apuntan que, tras recibir el examen, la congresista habría entregado el documento a terceros, quienes lo habrían comercializado en distintas provincias de la región San Martín. El precio de venta del examen habría alcanzado los 3.000 soles por copia. Además, se presume que el dinero recaudado por esta operación habría sido entregado a Vásquez Vela.

    La investigación incluye a otros implicados, entre ellos los docentes Héctor Llamacpomcac Ravelo, Olga Carmela Chávez Muñoz, María Angelina Tapia Leyva y Jorge Fasa, quienes también estarían vinculados a la presunta filtración y comercialización del examen.

    Según la Fiscalía, Vásquez Vela habría actuado en coordinación con Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo Gómez, para garantizar los nombramientos de los postulantes.

  • Fiscalía denuncia constitucionalmente a Guido Bellido por presunto tráfico de influencias

    Fiscalía denuncia constitucionalmente a Guido Bellido por presunto tráfico de influencias

    Se sospecha que Bellido intercedió en la contratación de una persona y recibió a cambio la cesión o préstamo de un departamento, además de pasajes aéreos

    Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional en contra de Guido Bellido Ugarte, presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado; y contra Roberto Sánchez Palomino, presunto autor del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

    A través de un comunicado, la fiscalía informó que a Guido Bellido «se atribuye haber ejercido influencias» en el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, para que este contrate a Daniel Abarca en dicho ministerio.

    Este hecho habría sido concretado cuando se le designó como asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur, obteniendo por ello la cesión o préstamo de un departamento ubicado en el distrito de San Miguel y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas.

    El comunicado también menciona al exministro Roberto Helbert Sánchez Palomino como denunciado por haberse interesado «indebidamente» en la contratación de dicho asesor en beneficio de este y de Guido Bellido.

  • Fiscalía presentó denuncia constitucional contra 7 congresistas

    Fiscalía presentó denuncia constitucional contra 7 congresistas

    Parlamentarios habrían utilizado pasajes aéreos costeados por el Parlamento para viajar a Trujillo al cumpleaños del legislador Diego Bazán en 2023

    El Ministerio Público informó que presentó la denuncia constitucional contra los congresistas Rosangella Barbarán, Kira Alcarraz, María Del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zeballos y Diego Bazán por presunto delito de peculado doloso.

    Según la hipótesis de la Fiscalía, los parlamentarios involucrados en este caso habrían utilizado boletos aéreos pagados por el Congreso para viajar hasta Trujillo el pasado 11 de febrero de 2023 a fin de participar en el cumpleaños del legislador Diego Bazán.

    En tanto, se detalló que, en el caso de la congresista Rosangella Barbarán, la denuncia constitucional se dio en su contra por el presunto delito de peculado doloso en grado de tentativa.

    «Ella intentó viajar a la ciudad de Trujillo con la finalidad de participar en la celebración del onomástico del congresista Bazán, por lo que habría gestionado la emisión de su boleto aéreo costeado por el Congreso, pero por «motivos personales» no viajó», indicó la Fiscalía en un pronunciamiento.

    Cabe mencionar que, en 2023, las congresistas María del Carmen Alva y Patricia Chirinos aseguraron que su viaje a Trujillo se dio para participar en una reunión que se desarrolló en el municipio provincial de la ciudad norteña, en donde, según sus versiones, abordaron temas referidos a la seguridad ciudadana.

  • Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por designación de Juan Carrasco

    Según la Fiscalía, Carrasco Millones asumió el cargo de manera ilegal, pues aún estaba en el cargo de fiscal provincial en Lambayeque

    La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República; y Guido Bellido Ugarte, expresidente del Consejo de Ministros, como autores por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado por la designación de Juan Carlos Carrasco Millones en el Ministerio del Interior.

    Según la Fiscalía, el nombramiento de Carrasco Millones como titular del Ministerio del Interior es ilegal porque, cuando juramentó el 29 de julio de 2021, aún desempeñaba el cargo de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque, lo que le generaba un impedimento legal y constitucional.

    En el comunicado indica que la demanda se interpuso el último miércoles 21 de agosto.

    Como se recuerda, la Fiscalía inició con las investigaciones preliminares contra Castillo Terrones y Bellido Ugarte el 21 de marzo de 2024, tras la denuncia interpuesta por los ciudadanos José Luis Chombo Jiménez y Rubén Eduardo Fernández Morales (presidente de la asociación civil sin fines de lucro Pro Actione) en 2021.

    Juan Carrasco Millones fue nombrado como ministro del Interior, con resolución suprema n.° 064-2021-PCM y permaneció en el cargo desde el 29 de julio del 2021 hasta el 1 de febrero de 2022

    Juan Carrasco Millones pidió licencia dos días antes de jurar en el Mininter

    En la denuncia hecha por Chombo Jiménez y Fernández Morales se detalla que Juan Carrasco Millones pidió licencia sin goce de haber el 27 de julio de 2021, solo dos días antes de su nombramiento como ministro del Interior.

    Se menciona también que el exfiscal presentó su carta de renuncia ante el Ministerio Público el 28 de julio de 2021, aunque esta fue aceptada varias semanas después de su nombramiento en la PCM.

    «Por lo que, a consideración del accionante, Juan Manuel Carrasco Millones habría jurado el cargo de ministro del Interior cuando aún era fiscal provincial titular (puesto para el que hasta esa fecha no se había emitido el acto administrativo que aceptara su renuncia), motivo por el cual Carrasco Millones no habría reunido los requisitos legales para acceder a dicho cargo ministerial», se lee en la resolución fiscal.

    El documento también cita la Ley de la Carrera Fiscal n.° 30483, cuyo numeral 6 hace referencia a las prohibiciones de los miembros de esta institución: «Los fiscales están prohibidos de participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga». De igual manera, se menciona que los fiscales no pueden aceptar cargos remunerados dentro de instituciones públicas o privadas a excepción del ejercicio de la docencia universitaria.

    Congreso no alcanzó los votos para suspender a Juan Carrasco Millones

    Como se recuerda, el 13 de junio de 2023 el Congreso aprobó acusar al exministro del Interior; Juan Carrasco Millones, por los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica. Sin embargo, no alcanzó los votos para inhabilitarlo por cinco años.

    La denuncia constitucional aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indicaba que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada y que la licencia no lo desvinculaba de la función fiscal, por lo que habría incurrido en el ilícito penal.