Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, indicó que su institución ha presentado un informe sobre el estado en que se encuentra la totalidad de comisarías básicas a nivel nacional, con resultados preocupantes. «Esto es un trabajo de detalle que tiene que ver con infraestructura, con recursos humanos, con equipamiento, con tecnología», indicó.
El presidente de la república José Jerí ha señalado en reiteradas ocasiones que una de las prioridades de su Gobierno es la lucha contra la criminalidad y, por ello, ha manifestado su compromiso con mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional (PNP).
«Estamos comprometidos con mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de los serenazgos. Un país seguro se construye con planificación”, afirmó en una inspección a las comisarías de Surquillo y Lince realizada en octubre pasado, a pocos días de asumir el cargo.
Sin embargo, un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que las comisarías básicas a nivel nacional se encuentran en una situación preocupante.
Sin personal suficiente, carencia de equipos y policías que deben pagar recibos de luz y agua
El informe defensorial denominado “Situación de las unidades a cargo de la prevención del delito: Supervisión Nacional a Comisarías Básicas de la Policía Nacional del Perú” revela que del total de 1327 dependencias distribuidas en todo el país, 72% no cuenta con telefonía fija, 26% no tiene servicio de internet y solo el 21% cuenta con radio de comunicaciones, un elemento esencial «que garantiza coordinación inmediata, seguridad operativa y privacidad en las comunicaciones entre el personal en campo y la central», según precisa el diagnóstico.
Además, de los equipos informáticos que tienen las comisarías, tales como computadoras, impresoras o fotocopiadoras, el 30% se encuentra inoperativo. Cabe destacar que el 5% de este equipamiento es propiedad de los propios efectivos policiales, que deben llevar a las comisarías sus computadoras o laptops para cumplir con sus funciones. Asimismo, el 45.3% de la flota vehicular de las comisarías se encuentra inoperativa.
De ese porcentaje, el 21.8% se encuentra en estado inoperativo recuperable y el 23.5% ha sido declarado inoperativo irrecuperable, es decir, que no podrá ser reparado. Adicional a ello, solo 314 comisarías tienen unidades móviles en buen y en muy buen estado, mientras que 610 comisarías tienen vehículos en situación regular y 341 dependencias tiene su flota vehicular en mal y muy mal estado.
A este panorama se suman las deficiencias de personal y de capacitación. El 80% de comisarías carece de personal suficiente para brindar un servicio policial de calidad, el 57% no cuenta con efectivos policiales suficientes para la investigación de delitos y el 77% requiere mayor personal para realizar la labor de patrullaje.
Además, en los últimos dos años, el 28,3% del personal de este tipo de unidades básicas no ha recibido capacitación para prestar servicios con enfoque intercultural. La situación es tal que incluso compromete a los servicios básicos de las dependencias: en 53 comisarías el personal policial solventa de manera personal el pago del servicio de agua; en 11, los efectivos solventan el pago del servicio de energía eléctrica; y en 56, el personal solventa el pago del servicio de internet.
En cuanto a infraestructura, se detalla que, a nivel nacional, existen 231 comisarías que operan en sedes policiales con infraestructuras con 50 años o más de antigüedad, de las cuales 16 superan los 100 años, ubicándose mayoritariamente estas últimas en Lima y Puno.
Asimismo, solo 583 comisarías han solicitado en los últimos doce meses la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), cuyo certificado solo se entregó a 166. Entre las razones por las que no le entregó el certificado correspondiente a las comisarías que sí solicitaron la ITSE, se advierte que en 30 casos la sede policial fue declarada inhabitable totalmente, 9 fueron declaradas inhabitables parcialmente y 32 fueron declaradas en alto riesgo.
«Falta un sistema de planeamiento estratégico»
Consultado sobre los hallazgos del informe, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, en diálogo con RPP, indicó que su institución ha realizado «un trabajo de detalle que tiene que ver con infraestructura, con recursos humanos, con equipamiento, con tecnología» y consideró que la grave situación tiene que ver con la falta de un sistema de planeamiento estratégico por parte del Ejecutivo. «Falta un sistema de planeamiento estratégico.
Cuando uno hace un planeamiento estratégico, aborda todas estas variables y ve justamente esto: ¿cuántos vehículos hay y cuántos operadores necesito para comenzar? Porque los vehículos no andan solos, necesitan de un operador, sean motos, sean vehículos. Estos vehículos, a un tiempo de uso, necesitan su mantenimiento, porque si usted no lo mantiene, va a quedar inoperativo a corta edad.
Inclusive no puede llegar ni a los 3, 4 años, donde el vehículo suyo o de cualquier ciudadano está 100% operativo, pero resulta que en las comisarías muchas de ellas no están operativas», señaló. Además, indicó que el hecho de que los propios efectivos deban pagar los servicios básicos de sus comisarías puede ser un aliciente para la corrupción.
«Y después entregarles la responsabilidad a los mismos comisarios, a los mismos efectivos policiales para que ellos cubran, con su remuneración, muchos de estos servicios. Entonces, yo me imagino que si, en primer lugar, de tu remuneración, tú no puedes sacar para subvencionar nada que implique responsabilidad estatal, porque entonces usted da pie a que ese señor pueda tratar de compensar ese dinero que está invirtiendo con la corrupción», añadió. Gutiérrez Cóndor enfatizó que muchos ciudadanos que acuden a la Defensoría se quejan por la mala aplicación de los protocolos policiales por parte de los propios agentes, lo cual se explica por la falta de capacitación que prima en las comisarías.
«Cuando uno en la Defensoría del Pueblo tiene un sinnúmero de denuncias, uno lo que revisa, primero, es cuáles son los instrumentos legales sobre los cuales se desarrolla la Policía Nacional. Entonces uno encuentra manuales, reglamentos, instructivos, lineamientos muy buenos. Y uno dice: ‘no puede pasar esto, lo que está denunciando el ciudadano no guarda concordancia con toda la frondosa normativa que tienen’.
Entonces algo malo está, vamos a hacer las preguntas respectivas y encontramos este hallazgo, o sea que la norma puede estar ahí, su norma infra, reglamentos, protocolos, pero si en esto no está capacitado el personal nunca lo va a aplicar y entonces vienen los grandes problemas de las denuncias de la comunidad que dice ‘bueno, el Policía ha actuado mal’», explicó. Finalmente, el defensor del Pueblo indicó que estos hallazgos ya se están trabajando con el Ministerio del Interior.
«La Defensoría lo que hace siempre es seguimiento de sus recomendaciones. Entonces, ahí somos muy incisivos. Algunos señores ministros, algunos funcionarios ponen en las resoluciones, los decretos supremos o en las normas que sacan: ‘en cumplimiento a las observaciones de Defensoría del Pueblo’ y al final lo colocan. Algunos no ponen eso, pero igual aceptan nuestra recomendación», puntualizó.
