Municipalidad de Megantoni estaría coludida con la Procuraduría General del Estado para esconder casos de corrupción perjudicando a los más pobres del Perú
A diez años de su creación política poco o nada ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos del distrito más joven y rico de la provincia de La Convención en Cusco. Con más de 500 millones de presupuesto anual la situación de corrupción ha llegado a niveles nunca antes vistos con contratos a familiares, ordenes de servicio para amigos y correligionarios a cambio de otros favores, puestos nombrados sin tener en cuenta el más mínimo perfil y todo para repartirse el dinero que da contar con la mayor reserva de gas del Perú, Camisea.
Un caso que llama la atención es la firma del SBI Camisea Que se realizado sin seguir los procedimientos y observaciones realizadas por OESCE. Y no solo esta corrupción ha quedado dentro del distrito y de la provincia, sino que hace algunos meses y con el fin de esconder este tipo de actos, la procuraduría general del Estado con los funcionarios de la comuna edil colocaron a Cesar Florencio Huallpa Mamani personaje que no solo se alineo a la lógica interna si no que se ha vuelto consultor del municipio negándose a abandonar el cargo con el afán de encubrir toda es maraña de corrupción todo en coordinación y venia de la Procuradora María Carhujulca Quispe.
¿Acaso los intereses que se mueven en la Municipalidad de Megantoni tienen que ver con esta señora? ¿Acaso ella se beneficia colocando a alguien que se haga de la vista gorda y defienda actos de corrupción? En enero de este año el Primer Juzgado Mixto de Echarate dispuso la reposición del ex procurador Christopher Bermúdez Corzano quien llego a tomar el cargo y al empezar a investigar sobre los diferentes proyectos que se vienen llevando a cabo y los cuales se han venido recibiendo denuncias de corrupción insólitamente no le permitieron el ingreso al municipio; siendo los responsables de este desacato los funcionarios de la municipalidad de Megantoni.
En permanente coordinación con el ex procurador encargado quien hace suscribir documentos a la Procuraduría General del Estado para retardar el cumplimiento, lo más sorprendente es que estos funcionarios aducen que no entendían bien lo resuelto por el órgano jurisdiccional que no podían dejar al Sr. Bermúdez ejercer el cargo.
Según estos funcionarios que al parecer no están ni preparados para ejercer un cargo público se ha solicitado indicación a la PGE para proceder con lo indicado por el juez ¿cuándo se ha visto que la orden de un juez tiene que ser consultada? Ahora esperemos que la PGE en manos de María Carhuajulca tome cartas en el asunto y de vistos de que no está coludida con la corrupción haciendo respetar la orden del juez y apoyando las investigaciones que son labora de los procuradores como proteger los intereses del Estado.
