Tema: control gubernamental

  • Contraloría advierte irregularidades en el funcionamiento de la DEMUNA de Saylla

    Contraloría advierte irregularidades en el funcionamiento de la DEMUNA de Saylla

    Municipalidad no subsanó observaciones formuladas por el Ministerio de la Mujer tras supervisión al servicio de protección de menores

    La Contraloría General de la República detectó indicios de irregularidades en el funcionamiento de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNA) de la Municipalidad Distrital de Saylla, tras verificar que la entidad no subsanó observaciones formuladas durante una supervisión realizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

    El hallazgo forma parte del Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 002- 2026-2-0385-AOP. De acuerdo con el informe, el 18 de julio de 2025 personal del MIMP efectuó una supervisión al servicio de la DEMUNA de Saylla, dejando constancia de diversas observaciones en la “Ficha de Supervisión de Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente”. Dicho documento establecía un plazo de 30 días hábiles para que la municipalidad subsane las deficiencias detectadas y remita la documentación que acreditara su corrección.

    La evaluación realizada por el Órgano de Control Institucional determinó que la municipalidad no presentó la información requerida dentro del plazo previsto, que vencía el 4 de septiembre de 2025. Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer reiteró el pedido mediante un oficio enviado el 3 de noviembre de 2025, otorgando un nuevo plazo de 20 días hábiles para levantar las observaciones, requerimiento que tampoco fue atendido. La Contraloría advirtió que el incumplimiento de las observaciones formuladas por el MIMP evidencia una posible omisión de funciones por parte del titular de la entidad y de la responsable de la DEMUNA.

    Esta situación podría afectar el adecuado funcionamiento del servicio municipal encargado de brindar orientación, protección y atención a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Ante los hechos detectados, el informe fue remitido al titular de la Municipalidad Distrital de Saylla para que adopte las acciones inmediatas correspondientes. La Contraloría señaló que la falta de subsanación de las observaciones no garantiza una atención adecuada ni una protección integral para los menores que requieren el apoyo de este servicio municipal.

  • Contraloría advierte retraso en obra educativa en Espinar

    Contraloría advierte retraso en obra educativa en Espinar

    Obra estaba prevista que culmine el pasado 31 de diciembre de 2025, pero que a la fecha continúa inconclusa

    La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar, alertó que existen retrasos en la ejecución de plan de contingencia de la obra de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 56208 de CruzCunca, ubicada en Espinar, la cual estaba prevista que culmine el pasado 31 de diciembre de 2025, pero que a inicios del presente mes continúa inconclusa.

    El plan de contingencia tiene la finalidad de garantizar la operatividad y el funcionamiento de los servicios educativos y actividades pedagógicas durante el periodo de ejecución de obra, mediante la habilitación de módulos en los que los alumnos recibirán clases mientras que los trabajos se encuentran en ejecución.

    En el Informe se consignan los hechos advertidos respecto al proceso de contratación y ejecución de la obra que pone en riesgo la continuidad de los servicios educativos y las actividades pedagógicas para el inicio del año escolar 2026. Durante el servicio de control se advirtió que el consorcio contratado para la ejecución de la obra presentó documentación inexacta a fin de acreditar al personal clave propuesto en el cargo de “Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra”, lo que habría incidido directamente en la asignación del puntaje técnico y en el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato por el monto de S/ 11 215 610.

    Además, se encontraron deficiencias técnicas en la ejecución de los módulos de contingencia; toda vez que no se han instalado los atiesadores o rigidizadores que unen lateralmente la placa base con la columna, pese a encontrarse previstos en los planos del expediente técnico; situación que no habría sido observado por el inspector de obra, lo cual afectaría la funcionalidad, estabilidad estructural y calidad de la obra.

    A su vez, la ejecución de un muro de contención no cumpliría con la dimensión de recubrimiento establecido en el plano y se advierte la presencia de juntas de construcción (juntas frías), las cuales no habrían sido planificadas ni aprobadas por el inspector de obra. Finalmente, el contratista ejecutor valorizó al 100 % partidas relacionadas al plan de contingencia, pese a que estas no habrían sido ejecutadas en su totalidad, situación que no habría sido observada ni advertida por el inspector de obra.

    Asimismo, la entidad efectuó el pago por trabajos no ejecutados afectando el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos. Las situaciones descritas podrían afectar la funcionalidad, estabilidad estructural y calidad de la obra, comprometiendo la resistencia, durabilidad y adherencia del material, generando el riesgo de deterioro prematuro o fallas estructurales.

  • Contraloría detecta que personal administrativo del Hospital Lorena trabaja menos de las 8 horas reglamentarias

    Contraloría detecta que personal administrativo del Hospital Lorena trabaja menos de las 8 horas reglamentarias

    Informe de control advierte que jornada reducida ocasiona el riesgo de vulnerar la eficacia del servicio a la ciudadanía, así como el pago sin acreditar labores efectivamente realizadas

    Un reciente informe de la Contraloría General de la República pone en evidencia que el personal administrativo (no asistencial) del Hospital Antonio Lorena cumple una jornada laboral inferior a la máxima permitida por la Constitución, lo que podría estar afectando la eficiencia en la atención a los usuarios. Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2026-OCI/5688-SOO, los trabajadores administrativos del hospital laboran actualmente solo 7 horas con 30 minutos diarios, en un horario comprendido de 08:00 a 15:30 horas.

    Esta situación contraviene lo establecido en el artículo 25° de la Constitución Política del Perú, que fija como jornada máxima legal las ocho horas diarias o 48 horas semanales. El ente de control advierte que esta reducción en el tiempo de trabajo genera un doble riesgo institucional. Por un lado, se vulnera la eficacia y continuidad del servicio brindado a la ciudadanía, y por otro, se expone al Estado a realizar el pago de remuneraciones sin que se acrediten labores efectivamente realizadas durante el total de la jornada legal exigida.

    MÁS HALLAZGOS

    El informe de la Contraloría también hace hincapié en las restricciones que enfrentan los ciudadanos que acuden al hospital. Se verificó que en áreas clave como mesa de partes y diversas oficinas administrativas, el horario de atención efectiva al público es de tan solo cinco horas con treinta minutos (5h 30m) o incluso periodos inferiores.

    EL REFRIGERIO: UN DERECHO, PERO FUERA DE LA JORNADA LABORAL

    Durante la visita de inspección a las instalaciones, los auditores observaron avisos que informan sobre un horario de refrigerio (almuerzo) establecido de 13:00 a 14:00 horas (una hora). Al respecto, la Contraloría precisó una observación: si bien el refrigerio es un derecho irrenovable del servidor público, este debe ser adicional a la jornada de trabajo. Es decir, el tiempo destinado al almuerzo no forma parte de las horas efectivamente laboradas. En la práctica observada, al descontar esa hora de refrigerio dentro del horario de 7:30 horas, el tiempo de trabajo efectivo se reduce aún más.

    MEDIDAS CORRECTIVAS

    El documento de control ya fue notificado al director del Hospital Antonio Lorena, quien tiene en su poder las observaciones realizadas. Ante esta advertencia, la autoridad hospitalaria deberá implementar de manera inmediata las acciones correctivas necesarias para regularizar la jornada laboral, garantizar la plena atención a los usuarios y evitar perjuicios económicos al Estado. Finalmente, la dirección del hospital está en la obligación de informar a la Contraloría sobre las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias encontradas.

  • Contraloría inicia en Cusco operativo para supervisar 30 colegios antes del año escolar 2026

    Contraloría inicia en Cusco operativo para supervisar 30 colegios antes del año escolar 2026

    Se alertará sobre situaciones adversas para que autoridades adopten medidas correctivas en cuanto a infraestructura, mobiliario, mantenimiento, obras paralizadas, seguridad, tecnología, entre otros

    La Contraloría General de la República inició en una muestra de 30 colegios estatales de la región Cusco, el Operativo de Control a los Servicios Educativos  Año Escolar 2026, con el propósito de alertar y comunicar la existencia de situaciones adversas en cuanto a infraestructura, mobiliario, mantenimiento, obras paralizadas, seguridad y tecnología, entre otros aspectos, para que adopten medidas correctivas antes del inicio del periodo escolar anual.

    A nivel nacional, el lanzamiento oficial estuvo a cargo del contralor general César Aguilar desde el colegio Virgen de la Puerta, en la provincia de Otuzco, en la región La Libertad, donde informó que el operativo en todo el país se realizará en una muestra de 1166 colegios estatales, con el despliegue de 488 auditores de las 26 gerencias regionales de control. En el caso de la región Cusco, el inicio del operativo se realizó en la Institución Educativa Miguel Grau Seminario, donde la gerenta regional de control, Brendy Gil, puso en marcha esta intervención que contará con el despliegue de 20 auditores.

    Los equipos de auditores supervisarán si las instituciones educativas de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) cumplen con las disposiciones educativas vigentes y la normativa aplicable en los aspectos mencionados, así como en las áreas de gestión escolar, convivencia escolar, servicios básicos, accesibilidad, dentro del marco de educación inclusiva y de buenas prácticas en la gestión educativa.

    “Este operativo tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo relacionado a los principales objetivos estratégicos del sector Educación, en la búsqueda de que más de 208 mil estudiantes de inicial, primaria y secundaria cuenten con docentes capacitados, material educativo de calidad, así como la provisión de recursos e infraestructura educativa segura y saludable”, manifestó el contralor general César Aguilar.

    El operativo de control se desarrollará a nivel nacional desde el 28 de enero hasta el 23 de febrero de este año, lapso en el que se visitarán las instituciones educativas que se encuentran bajo el ámbito del Ministerio de Educación y de las 26 direcciones o gerencias regionales de Educación de los gobiernos regionales. Una vez concluida las inspecciones, se emitirá un informe con las situaciones adversas identificadas para que las autoridades implementen las medidas correctivas, las mismas que serán verificadas de forma posterior.

    Tras el inicio del año escolar, la Contraloría General también tiene previsto realizar otro operativo a fin de verificar la dotación de docentes, entrega de material educativo, la implementación del servicio de alimentación escolar (PAE), entre otros.

    Como se conoce, el Ministerio de Educación cuenta este año con un presupuesto de S/ 4 414 887 133 para la ejecución del programa de educación básica regular, por lo que el operativo de control contribuiría a:

    • La contratación de docentes (S/ 3 219 172 771)

    • La entrega oportuna de material educativo a los estudiantes (S/ 67 824 208)

    • Infraestructura educativa segura y saludable (S/ 451 493 172)

    • Implementación de medidas de seguridad.

    • Contar con información actualizada de los servicios que reciben los estudiantes involucrados.