Tema: control estatal Cusco

El operativo, realizado en la provincia de Urubamba, permitió la incautación de droga valorizada en 5 millones de dólares. El agente cumplía el rol de «liebre» para asegurar el paso del cargamento.

En un duro golpe al narcotráfico que salpica a la propia institución policial, agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) del Cusco interceptaron un millonario cargamento de alcaloide de cocaína en la ruta hacia Ollantaytambo. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de un policía en actividad entre los cuatro detenidos, quien presuntamente brindaba cobertura de seguridad al transporte ilícito.

El operativo se ejecutó durante la madrugada del martes 31 de marzo en el sector de Huayracpunku, distrito de Ollantaytambo. Los agentes antidrogas detectaron dos vehículos que se desplazaban de forma sospechosa. Una unidad con placa X6B-374, donde viajaba el efectivo policial para alertar sobre posibles controles, y una unidad con placa BBU-741 que transportaba la mercadería de forma directa, sin compartimentos ocultos o «caletas».

Al realizar el registro, la policía halló en la tolva tres sacos de polietileno con 128 paquetes tipo «ladrillo». Tras las pruebas químicas, el contenido dio positivo para alcaloide de cocaína, con un peso total de 131 kilogramos. Los cuatro sujetos intervenidos fueron identificados como Nestor H. (57), Delfin M. (40), Clever G. (40) y Jhonathan M. (38). Según Latina Noticias, tres de ellos provienen de La Convención y uno de Tacna. Ninguno contaba con antecedentes penales previos. Las investigaciones preliminares sugieren que la droga tenía como destino final la ciudad de Cusco, para luego ser llevada a regiones fronterizas como Puno y Tacna, para su posterior salida del país.

Un golpe de 5 millones de dólares La Policía Nacional estima que el valor de este cargamento supera los 5 millones de dólares en el mercado internacional. Además de la sustancia, se incautaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo (S/ 900), elementos que serán clave para identificar a los nexos de esta red criminal.

Los detenidos y los vehículos permanecen bajo custodia del Ministerio Público para continuar con el pesaje oficial, el lacrado de la droga y las diligencias de ley que determinen la situación legal del policía implicado y sus cómplices.

Durante siete años consecutivos en Chumbivilcas

Un informe de Acción de Oficio Posterior de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una situación irregular persistente en la Red de Servicios de Salud Chumbivilcas, donde durante siete años consecutivos, entre el 2018 y 2024, funcionarios y servidores incumplieron con la obligación de rendir cuentas por viáticos recibidos.

La extensión del periodo sin correcciones ni medidas efectivas evidencia una preocupante falta de control institucional y seguimiento administrativo. El documento oficial determina que esta práctica generó un perjuicio económico de S/ 52,691.49, monto correspondiente a recursos públicos que no cuentan con la debida documentación sustentatoria.

Informes emitidos por las áreas de Economía, Contabilidad y Tesorería confirmaron que no existen registros ni rendiciones en los sistemas ni en los archivos físicos, lo que agrava la situación y refuerza el carácter irregular de los hechos. La Contraloría identificó a diez servidores y funcionarios que recibieron viáticos en diversas comisiones de servicio, pero que no cumplieron con presentar su rendición de cuentas dentro del plazo de diez días hábiles establecido por la normativa. La cantidad de implicados, sumada a la reiteración de la conducta a lo largo de varios años, refleja una práctica extendida que compromete la responsabilidad individual y colectiva dentro de la entidad.

A pesar de que las normas prohíben otorgar nuevos viáticos a quienes mantienen rendiciones pendientes, la entidad continuó realizando desembolsos a estos mismos servidores hasta en 85 oportunidades adicionales. Esta situación compromete directamente a las áreas encargadas de autorizar, supervisar y controlar estos gastos como Tesorería, Recursos Humanos, Administración y la Dirección Ejecutiva por no aplicar las restricciones ni ejecutar mecanismos de recuperación, como la retención de remuneraciones previamente autorizada por los propios comisionados.

La Contraloría concluye que los hechos constituyen una infracción a los deberes de probidad, transparencia y uso adecuado de los bienes del Estado. Asimismo, precisa que la falta es de carácter permanente, lo que implica que no está sujeta a los plazos ordinarios de prescripción.