Trabajadores denuncian que la gestión interina de Diego Pajares mantiene detenidas diez obras arqueológicas clave pese a contar con presupuesto asignado
La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco enfrenta una de sus crisis administrativas más severas del año. Más de mil obreros de proyectos de inversión arqueológica realizaron un plantón frente a la institución para denunciar que las obras de conservación y puesta en valor del patrimonio se encuentran paralizadas desde hace 50 días.
Los manifestantes señalan como principal responsable al director interino, Diego Pajares, a quien acusan de una inacción que no solo afecta la economía de mil familias, sino que pone en riesgo la integridad de muros y centros ceremoniales que sostienen la identidad cultural de la región.
El conflicto ha escalado tras la renuncia de la jefatura de la Unidad de Gestión de Inversiones (UGI), área crítica que operaba con una infraestructura mínima de personal. El sindicato de trabajadores (SINTRADDC) ha desmentido los argumentos de la dirección sobre supuestos impedimentos legales para contratar personal, revelando que existe una disponibilidad presupuestal de más de 38 millones de soles para el presente año fiscal.
Según los representantes gremiales, este monto está destinado a 39 inversiones bajo administración directa, pero la ejecución de gasto al cierre del primer trimestre es nula, lo que amenaza la asignación de recursos para el próximo año. A la parálisis operativa se suma un reclamo histórico por la precariedad laboral. Los trabajadores denuncian estancamiento salarial y contratos inestables que no corresponden a la alta especialización requerida para intervenir monumentos nacionales. La salida del responsable de la UGI, quien documentó haber trabajado jornadas extendidas sin que se le permitiera exponer sus planes de acción, evidencia una fractura administrativa interna que impide la toma de decisiones técnicas, dejando al patrimonio cusqueño en un estado de vulnerabilidad institucional sin precedentes.
De persistir la inacción, el impacto podría ser irreversible tanto para la conservación física de los sitios arqueológicos como para el cumplimiento de las metas fiscales de la DDC. La falta de liquidación de obras y la posible fuga de personal especializado en conservación sitúan a la gestión de Pajares en el centro de las críticas de la sociedad civil y los gremios. Mientras la administración guarda silencio, el tiempo corre en contra de los andenes y templos que, paradójicamente, el Estado debería proteger con la mayor eficiencia posible.
