Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.
n tribunal ecuatoriano condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.
Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos. El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para dieciséis de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional. Este es el mayor caso de presuntas violaciones a los derechos humanos registrado bajo el «conflicto armado interno» decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, y el primero que llega a una sentencia, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 33.
Un año El caso se remonta al 8 de diciembre del año pasado, cuando dieciséis de los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, después de recibir una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando. En lugar de entregarlos a la Policía, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los obligaron a desnudarse y los abandonaron.
El fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, dijo durante el juicio que los soldados expusieron a los niños a un «alto riesgo» al dejarlos en esa «zona de peligro» y que su asesinato se pudo haber evitado si eso no sucedía o si los soldados hubieran avisado inmediatamente a las autoridades sobre ese hecho, algo que fue ratificado por el tribunal. Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
El juez Jovanny Suárez, ponente del tribunal, señaló que la Fiscalía pudo demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles y que vivieron momentos de «horror». Los testimonios de los cooperadores fueron clave, ya que confesaron que varios de sus compañeros los vejaron, insultaron y golpearon fuertemente incluso con las armas, y el magistrado destacó que uno de ellos entregó un video en el que se ve que otro soldado le dice a uno de los niños: «Agradece, negro, que no te metí un tiro». Además, señaló que hubo un «pacto del silencio», pues ninguno de ellos avisó a la Policía sobre la detención y que más bien ocultaron la verdad, al señalar a sus superiores que durante la noche no hubo ninguna novedad. Tras escuchar la sentencia, un grupo de familiares, vecinos y otros conocidos de las familias que llegaron hasta los exteriores del juzgado celebraron al grito de «justicia».
