La falta de supervisión por parte de instituciones como SUNAT, SUNAFIL, OSITRAN, OSINERGMIN, PNP y la Fiscalía genera gran preocupación. Esta inacción perjudica los derechos laborales, la recaudación tributaria y la preservación del Santuario Natural, además de afectar negativamente la reputación de la Maravilla del Mundo
Han transcurrido varias semanas desde que la empresa San Antonio de Torontoy quedó en el ojo de la tormenta. A pesar de haberse comprobado que actuó con dolo en el proceso convocado por la municipalidad de Urubamba, lo cual llevó a la anulación del contrato firmado, esta compañía ha irrumpido sigilosamente en Machu Picchu para operar de manera clandestina en la ruta Hiram Bingham. Tal acción no solo representa un grave desacato a la ley, sino que pone en riesgo la seguridad de los turistas que visitan esta emblemática Maravilla del Mundo.
Además, se especula que las operaciones podrían estar incurriendo en más irregularidades respecto al uso de combustible no regulado y sin ninguna base legal. La gran interrogante aquí es: ¿dónde están las autoridades? Si bien se han emitido ciertos pronunciamientos, como el del gobernador del Cusco, Werner Salcedo, quien comparó la situación de Machu Picchu con una «tierra de nadie», o las declaraciones del titular de Osinergmin alertando sobre un posible tráfico de combustibles para abastecer las unidades ilegales de la empresa, hasta ahora no se han tomado acciones concretas para poner fin a este caos.
Lo que ocurre en Machu Picchu afecta mucho más que a los turistas o habitantes locales: daña profundamente la imagen de un Perú que, frente a los ojos del mundo, parece permitir que en su emblema cultural y patrimonial las leyes pasen a segundo plano. Es particularmente alarmante que entidades como Osinergmin y la SUNAT no estén actuando con firmeza, especialmente con pruebas y denuncias tan evidentes.
Según diversas investigaciones, se estaría aprovechando un beneficio tributario destinado a la Amazonía peruana para conseguir combustible bajo condiciones favorecidas, transfiriéndolo ilegalmente a Machu Picchu Pueblo desde la provincia de La Convención. Esto no solo desvirtúa la finalidad original de la exención tributaria, sino que también abre puertas a delitos más graves como la minería ilegal o el narcotráfico.
En entrevistas recientes con un representante de Osinergmin en Cusco, se ha sugerido incluso que el transporte del combustible se realiza en pequeñas cantidades. No obstante, esta afirmación carece de sustento al ignorar el hecho de que múltiples personas estarían movilizando bidones y baldes de forma simultánea para suministrar a la empresa infractora. Lo más preocupante es que esas cantidades menores son trasladadas en trenes que no están diseñados ni autorizados para transportar sustancias peligrosas, poniendo en peligro a pasajeros y empleados por igual.
No solo está comprometida la seguridad pública; también parece haber serias irregularidades laborales. Imágenes recientes muestran a trabajadores de la empresa San Antonio de Torontoy cargando grandes bidones de combustible sobre sus hombros sin ningún tipo de equipo de seguridad, exponiéndose abiertamente a accidentes laborales. Además, se ha señalado que dicha empresa tendría únicamente 11 trabajadores declarados en planilla, lo cual hace presumir que buena parte del personal opera sin respetar las leyes laborales.
A esto se suma un preocupante desinterés por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público para abordar este tema. El transporte ilícito de combustible en una zona protegida como Machu Picchu no es un asunto menor: un accidente podría desencadenar una tragedia humana, además de representar un atentado irreversible contra el patrimonio natural y cultural, reconocido como tal por la UNESCO. Los trenes parecen haberse convertido en vehículos improvisados para trasladar tambos de gasolina, desobedeciendo normativas esenciales y generando un peligro constante para quienes se aventuran a viajar en ellos. OSITRAN también debería intervenir para fiscalizar cómo es posible que estas irregularidades persistan, incluyendo el uso clandestino de las vías ferroviarias por parte de vehículos hechizos.
Es imperativo detener esta situación que ha puesto al destino turístico más importante del Perú al borde del colapso legal y ambiental. Machu Picchu no puede seguir siendo un espacio sin ley ni control. El cumplimiento efectivo de las obligaciones por parte de las instituciones del Estado ya no puede postergarse. En cuanto a una solución definitiva, todo parece indicar que sigue habiendo incertidumbre sobre la licitación para administrar adecuadamente la ruta Hiram Bingham.
A pesar del compromiso asumido por el alcalde Ronald Vera ante la Presidencia del Consejo de Ministros, los avances parecen ir a paso lento y con múltiples complicaciones. La situación deja claro que el tiempo apremia y los problemas no harán más que agravarse si no se actúa con celeridad y determinación. Es hora de un cambio real para proteger uno de los mayores tesoros culturales y turísticos no solo del Perú, sino del mundo entero.
