Tema: cohecho

  • Detienen a trabajador del depósito municipal de vehículos de San Jerónimo por presunto cobro indebido

    Detienen a trabajador del depósito municipal de vehículos de San Jerónimo por presunto cobro indebido

    El intervenido admite el cobro 170 soles a cambio de entregar un vehículo remolcado sin emitir comprobante de pago

    Un trabajador del depósito municipal de vehículos de San Jerónimo fue detenido por la Policía al ser investigado por el presunto delito de cobro indebido y cohecho, luego de ser intervenido cuando habría exigido 170 soles a cambio de la entrega de un vehículo remolcado, sin emitir comprobante de pago, en un hecho que vuelve a poner en cuestionamiento la falta de control y fiscalización municipal.

    La intervención fue realizada por efectivos de la Comisaría PNP de San Jerónimo, quienes detuvieron a Luis Jesús Quispe Sinchirocca (43) al interior del propio depósito municipal. Durante el operativo, el intervenido admitió haber recibido el dinero, el cual fue incautado junto con mil soles en efectivo y un teléfono celular, en presencia de testigos. El caso contó con la participación de la DIRCOCOR PNP Cusco y fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo del fiscal Wilfredo Bustos, para las diligencias urgentes e inaplazables.

    Este hecho evidencia serias falencias en la labor fiscalizadora de la Municipalidad de San Jerónimo, pues un presunto acto de corrupción habría ocurrido dentro de una dependencia municipal, sin mecanismos de control eficaces. Mientras continúan las investigaciones, crece la preocupación ciudadana sobre qué otros cobros irregulares podrían estar ocurriendo en un servicio que debería operar con transparencia y bajo estricta supervisión del Estado.

  • Juez ordena prisión preventiva para policía en Cusco por exigir S/ 10 mil a cambio de favores en investigación

    Juez ordena prisión preventiva para policía en Cusco por exigir S/ 10 mil a cambio de favores en investigación

    El suboficial Jasan Barrios recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser acusado de pedir S/ 10 mil a un colega para favorecerlo en un proceso disciplinario. Intentó tragarse los billetes durante la intervención fiscal.

    El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial Jasan Barrios Cárdenas, acusado de solicitar S/ 10 mil a un colega a cambio de favorecerlo en una investigación disciplinaria. La decisión fue dictada por el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Cusco, a cargo del juez Guido Castillo Lira.

    La coronel Edith Espejo Puma, jefa de Criminalística, afrontará el caso con comparecencia restringida, mientras continúa la investigación fiscal. Según el Ministerio Público, ambos están involucrados en el presunto delito de cohecho pasivo propio.

    Los implicados en la investigación

    • Jasan Barrios Cárdenas – Suboficial PNP, con prisión preventiva.

    • Edith Espejo Puma – Coronel PNP, investigada con comparecencia.

    • Johan Fano Condori Rodríguez – Suboficial denunciante, área de Tránsito.

    El origen del caso

    La denuncia fue presentada por Fano, quien aseguró que sus colegas le exigieron S/ 10 mil para evitar un proceso disciplinario tras un accidente de tránsito ocurrido en Quillabamba (La Convención), el 28 de octubre. Ese día, el suboficial sufrió una caída y posteriormente un choque en motocicleta, supuestamente bajo efectos del alcohol.

    La fiscal anticorrupción Lisbeth Páucar Fernández explicó que la investigación en Inspectoría no avanzó como correspondía. En ese contexto, Barrios —encargado solo de mesa de partes habría asumido irregularmente funciones internas y luego advertido que Fano sería “dado de baja” si no entregaba el dinero.

    El soborno sería pagado en tres partes de S/ 3 mil cada una.

    La intervención: intentó tragarse los billetes

    El 12 de noviembre, antes de la 1:20 p.m., Barrios llegó en un vehículo oficial a la habitación del denunciante en la avenida Miguel Grau. Allí recibió S/ 1 mil en billetes previamente fotocopiados por la Fiscalía.

    Al notar la intervención policial, intentó huir: chocó contra motocicletas y trató de meterse los billetes a la boca para destruir la evidencia. Luego corrió hacia los carriles de bajada de la avenida, pero terminó entregándose en la comandancia de La Convención.

    Al día siguiente, la coronel Espejo se presentó ante las autoridades, visiblemente afectada, y fue internada en una clínica.

    Durante su declaración, Barrios alegó miedo al operativo, pero afirmó haber colaborado.

    “Me he entregado, confesado los hechos y reparado los daños”, dijo.

    Por su parte, la coronel Espejo negó participación:

    “No tengo nada que ver. Ser jefe de una unidad no implica ordenar conductas indebidas”.

    Contexto nacional: 298 policías investigados

    El caso se suma a una problemática creciente dentro de la Policía Nacional. Según el sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, 298 policías están siendo investigados por presuntos vínculos con delitos.

    Ante ello, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció un nuevo Decreto Supremo que permitirá acelerar la expulsión de efectivos implicados en actos ilícitos.

    “Aquí no hay espacio para ningún policía al margen de la ley. Todo policía que incurra en delito debe ser retirado de inmediato”, afirmó.

    La estrategia incluye la creación de una oficina especializada en Lima para tramitar procesos sumarísimos en casos de flagrancia o pruebas contundentes, con el fin de aplicar sanciones sin dilaciones.

  • Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de prisión: “No es justicia, es venganza”

    Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de prisión: “No es justicia, es venganza”

    El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Tras el fallo, afirmó que la medida es “venganza” y anunció que su hermano continuará su proyecto político.

    El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de ser sentenciado a 14 años de prisión efectiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En su mensaje, cuestionó duramente al sistema judicial y aseguró que la decisión responde a “venganza”.

    Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar”, escribió en su cuenta oficial de X, en su primera reacción pública tras la lectura de sentencia del Poder Judicial.

    Vizcarra Cornejo afirmó que la respuesta frente a esta condena deberá venir desde el electorado.
    Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, señaló, en referencia a la precandidatura presidencial de su familiar por el partido Perú Primero.

    Horas más tarde, regresó a pronunciarse:
    Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, escribió nuevamente en su red social.

    Sentencia y fundamentos del fallo

    El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, halló culpable a Vizcarra del delito de cohecho pasivo propio, al determinar que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

    Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como gobernador regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”, sostuvo la magistrada durante la lectura de sentencia.

    Por el caso Lomas de Ilo, el tribunal impuso 6 años de prisión. Por el proyecto del Hospital de Moquegua, determinó una pena de 8 años. La suma de ambas condenas llega a 14 años de prisión efectiva, que deberán ejecutarse de inmediato.

     

  • Fiscalía amplía investigación por presunto cohecho en la Municipalidad Provincial

    Fiscalía amplía investigación por presunto cohecho en la Municipalidad Provincial

    Gerente de Desarrollo Económico y un periodista implicados en el caso 

    El Ministerio Público ha ordenado la acumulación y ampliación de una investigación por presunto cohecho pasivo propio que involucra a funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

    La disposición fiscal fusiona dos carpetas de investigación y apunta a tres implicados: el fiscalizador Víctor Raúl Banderas Ninancuro, el gerente de Desarrollo Económico, Juvenal Cereceda Vásquez, y el periodista Jack Killer Concha Llancay. El caso, que ha sido tipificado como un delito contra la administración pública, investiga la supuesta exigencia de dinero a un empresario a cambio de evitar la clausura de su negocio. 

    Denuncian exigencia de S/ 10,000 para no clausurar un local 

    Según la denuncia presentada por Robbie Karlos Flores Callahui, el caso se remonta al 13 de junio de 2025. El empresario acusa que fue citado a la Gerencia de Desarrollo Económico, donde el gerente Juvenal Cereceda le habría exigido el pago de S/ 10,000 para no cerrar su local, el “Club Bulevar”. Horas después, y al no recibir el dinero, el fiscalizador Víctor Banderas procedió a la clausura inmediata del establecimiento. La denuncia señala que esta operación fue una acción «deliberadamente clandestina» para encubrir actos ilícitos, y que otros locales en condiciones similares no fueron fiscalizados. 

    Para continuar con las diligencias, el Ministerio Público ha ordenado a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR-Cusco) la toma de declaraciones indagatorias a los nuevos investigados, Juvenal Cereceda Vásquez y Jack Killer Concha Llancay. La Fiscalía busca obtener mayores detalles de los hechos y ha precisado que ambos deben asistir obligatoriamente acompañados por su abogado defensor. Además, se ha dispuesto la visualización, transcripción y lacrado de un CD que el denunciante ha entregado como parte de la evidencia del caso. 

    La denuncia de Robbie Flores Callahui también detalla que algunos de los agentes municipales no portaban credenciales válidas y que uno de ellos le mostró una que parecía ser falsa. El empresario considera que el hecho de que otros establecimientos no fueran fiscalizados evidencia un trato discriminatorio, abuso de autoridad y tráfico de influencias. 

    El denunciante solicita garantías personales tras recibir amenazas 

    A raíz de su denuncia, el propietario del «Club Bulevar» ha manifestado que ha sido objeto de amenazas, por lo que se ha visto en la necesidad de solicitar garantías personales ante la Policía Nacional. Este hecho subraya el clima de intimidación en el que a menudo se ven envueltos los ciudadanos que denuncian actos de corrupción. La investigación se mantiene en curso para determinar las responsabilidades de los funcionarios y el periodista presuntamente implicados en el caso.